El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, presentó una demanda judicial para frenar la incorporación a planta permanente de 33 trabajadores del Concejo Deliberante, luego de que ocho concejales opositores ratificaran una ordenanza que el Ejecutivo había vetado. El jefe municipal cuestionó la legalidad del procedimiento y advirtió que las designaciones implicarían un gasto cercano a los $570 millones anuales.
La controversia quedó radicada en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Allí el municipio interpuso una acción de nulidad con un pedido de medida cautelar para suspender los efectos de la ordenanza mientras se resuelve el fondo del asunto.
La iniciativa reunió el respaldo de ocho de los doce integrantes del cuerpo legislativo, todos de sectores políticamente enfrentados a la administración municipal. Molinuevo sostuvo que las incorporaciones se aprobaron sin evaluar suficientemente su necesidad y puso en duda los criterios de selección de los beneficiarios.
El intendente afirmó que algunos de los trabajadores alcanzados por la norma no tienen antigüedad en la Municipalidad y consideró injustificado ampliar la estructura administrativa con nombramientos que, según denunció, responden a intereses partidarios.
Las objeciones del Ejecutivo
Uno de los puntos más cuestionados fue la creación de dependencias vinculadas con actividades sociales y políticas dirigidas a la juventud. Para Molinuevo, esas funciones ya están cubiertas por distintas áreas municipales, por lo que no habría motivos para sumar nuevas estructuras dentro del Concejo Deliberante.
También señaló que el edificio donde funciona el cuerpo legislativo no tiene el espacio físico necesario para albergar a los 33 empleados.
El mandatario atribuyó la decisión a una maniobra política de la oposición y sostuvo que las designaciones beneficiarían a personas vinculadas con sectores partidarios. Se trata, sin embargo, de acusaciones formuladas por el intendente que no constituyen conclusiones judiciales.
El impacto económico
En materia económica, Molinuevo afirmó que el municipio mantiene sus cuentas equilibradas, pero advirtió que asumir compromisos salariales permanentes por aproximadamente $570 millones al año podría comprometer recursos que, a su criterio, deberían destinarse a obras públicas, mantenimiento de la ciudad y prestación de servicios.
El jefe municipal también cuestionó el trámite legislativo. Según explicó, había mantenido conversaciones con concejales sobre la situación de los trabajadores y propuso postergar cualquier resolución hasta contar con información más completa.
Sin embargo, aseguró que el proyecto terminó siendo presentado y aprobado al cierre de una sesión, sin que se alcanzara previamente un acuerdo con el Departamento Ejecutivo.
Tensión política y elecciones
La disputa institucional se produjo en un escenario de creciente tensión política, cuando los distintos espacios comenzaron a definir sus estrategias para las elecciones municipales de mayo de 2027.
Molinuevo, cercano a La Libertad Avanza, interpreta que la decisión de los concejales forma parte de los movimientos de la oposición, particularmente del justicialismo, que buscará recuperar la conducción de la Municipalidad de Concepción.
En paralelo, el intendente mantiene conversaciones con el ex diputado nacional y ex jefe municipal Roberto Sánchez, referente de la Unión Cívica Radical, para explorar posibles acuerdos electorales. Hasta el momento, esos contactos no derivaron en un entendimiento y persiste la posibilidad de que ambos dirigentes compitan por la Intendencia.
Mientras continúan las negociaciones políticas, la controversia por los nombramientos deberá resolverse en los tribunales.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo tendrá que analizar inicialmente si corresponde suspender las incorporaciones mediante la medida cautelar solicitada por el municipio. Posteriormente deberá pronunciarse sobre la validez de la ordenanza cuestionada.
Hasta que exista una resolución judicial, continuará abierto el conflicto entre el Ejecutivo y la mayoría opositora del Concejo Deliberante por una decisión que enfrenta dos posiciones sobre la organización administrativa y el destino de los recursos públicos de Concepción.
