La mora sistémica en Tucumán alcanza los $552.131,7 millones, y casi la mitad se concentra en la capital, según un análisis privado que revela cómo la pérdida de poder adquisitivo empuja a las familias a endeudarse para subsistir.
El informe de Recupero Crediticio by Ostengo, basado en el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), advierte que los hogares recurren cada vez más a tarjetas, billeteras virtuales y préstamos extrabancarios para financiar alimentos, servicios y consumos cotidianos.
De los $552.131,7 millones en mora registrados en la provincia, $249.198,72 millones corresponden a San Miguel de Tucumán. Para Raúl Ostengo, socio de la firma, la capital funciona como una “caja de resonancia” de la caída del consumo.
Una economía a dos velocidades
Mientras los departamentos agroindustriales dependen de las cosechas de limón y caña de azúcar, la capital concentra empleo administrativo estatal, servicios financieros, comercio e informalidad urbana. Esa estructura explica que el endeudamiento se haya convertido en una respuesta habitual ante la falta de ahorro.
Las empresas buscan financiamiento para sostener sus estructuras, mientras los hogares toman préstamos para completar el mes. La inflación sigue superando la evolución salarial: en los sectores de menores ingresos, las remuneraciones apenas cubren el 60% de la canasta de vida provincial.
Jóvenes: el impacto de la precariedad
Los jóvenes de hasta 25 años aparecen entre los más expuestos. La combinación de precariedad laboral, fácil acceso al crédito digital, falta de educación financiera y escasa experiencia para evaluar compromisos a largo plazo los vuelve vulnerables.
La informalidad laboral en este grupo supera el promedio provincial del 51,5%. Sin recibo de sueldo ni antecedentes financieros, muchos no acceden a créditos bancarios y recurren a proveedores no financieros y billeteras virtuales, que aplican una tasa nominal anual promedio equivalente al 144% real.
Esos préstamos suelen destinarse a consumos diarios de subsistencia, lo que genera una mora masiva y difícil de reducir. Además, muchos jóvenes usan el crédito para sostener carreras universitarias, pero la precariedad de sus ingresos y el costo del financiamiento pueden dejarlos atrapados en obligaciones que exceden su capacidad de pago.
Adultos y jubilados: el peso de la deuda acumulada
Entre los 46 y los 65 años se concentra el mayor volumen de deuda. Este grupo incluye a trabajadores formales del sector público (docentes, empleados municipales, personal sanitario) y asalariados industriales. Si bien su tasa individual de morosidad es menor, el monto acumulado es considerablemente más alto, lo que expone a los bancos a un riesgo importante ante eventuales despidos o nuevas pérdidas de poder adquisitivo.
Las personas mayores de 75 años constituyen otro segmento vulnerable. El deterioro financiero se atribuye al atraso de las jubilaciones mínimas frente al aumento de los servicios públicos regulados. El informe proyecta que las tarifas pagadas por los usuarios llegarán a representar casi el 86% del costo real de la electricidad durante 2026, lo que provoca entre jubilados y adultos mayores un incumplimiento silencioso pero estructural.
Segmentación y riesgo en la base social
Las diferencias en los montos adeudados reflejan la segmentación socioeconómica. Dentro del sistema formal, la deuda promedio por persona supera los $6 millones en los bancos públicos y ronda los $3,8 millones en las entidades privadas, impulsada por préstamos prendarios, adelantos en cuenta corriente y créditos personales a tasa fija contratados en períodos anteriores.
La situación más crítica aparece en la base de la pirámide social. Las personas excluidas del sistema bancario se financian mediante prestamistas, tarjetas no bancarias, billeteras digitales y otros proveedores extrabancarios. Allí, los créditos iniciales oscilan entre $950.000 y $1,1 millón, pero las tasas elevadas y la inestabilidad de los ingresos hacen que los atrasos tengan un impacto proporcionalmente mayor sobre las finanzas domésticas.
El diagnóstico muestra que el problema ya no se limita al monto total adeudado. El riesgo central reside en el destino del crédito: ante la falta de recuperación del salario y el consumo, una parte creciente de las familias tucumanas se endeuda para subsistir y no para mejorar su patrimonio.
