La firme postura del gobernador Osvaldo Jaldo y de los senadores tucumanos Sandra Mendoza y Beatriz Ávila fue determinante para que el oficialismo nacional eliminara el polémico capítulo de la Ley de Tierras que autorizaba la cesión de terrenos a extranjeros. La decisión se oficializó el miércoles por la tarde, cuando Patricia Bullrich comunicó la retirada del apartado en una reunión con legisladores aliados.
El capítulo III de la iniciativa modificaba la Ley 26.737, que regula el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La propuesta original, enviada por el ministro de Modernización Federico Sturzenegger, permitía la adquisición irrestricta de terrenos productivos por parte de capitales extranjeros.
En un intento por conseguir respaldo, Bullrich aceptó establecer un límite equivalente al 25% de la superficie de cada provincia, pero la concesión no alcanzó para modificar la postura de los senadores que responden a gobernadores dialoguistas.
Sandra Mendoza, de Convicción Federal, fue la primera representante tucumana en anticipar públicamente su rechazo. Su espacio presentó un dictamen propio en minoría para dejar establecida la oposición a la venta de tierras a extranjeros. “Nosotros no estamos de acuerdo con que se venda a extranjeros. Eso es lo que queremos dejar bien establecido”, afirmó la parlamentaria. Mendoza añadió que su bloque trabajaría para impedir la aprobación y, en caso de que la ley avanzara, intentaría incorporar sus condiciones mediante el dictamen alternativo.
Beatriz Ávila no había difundido inicialmente su posición porque se encontraba analizando los últimos borradores. Sin embargo, el gobernador Jaldo informó durante la mañana de ayer que la senadora tampoco estaba de acuerdo con la modificación. Según medios especializados, Ávila participó de la reunión en la que Bullrich anunció que el capítulo III sería apartado del tratamiento.
Jaldo defendió la llegada de inversiones extranjeras, pero diferenció ese objetivo de la posibilidad de transferir tierras. “Hemos tenido criollos y criollas que perdieron la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad es que no nos cabe en la cabeza esta decisión”, declaró. El mandatario tucumano fue el primer gobernador dialoguista en manifestar públicamente su rechazo, y su postura tuvo especial relevancia porque habitualmente aporta dos votos a distintas iniciativas de la Casa Rosada.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, adoptó una posición similar. Según trascendió, le molestó que Bullrich hubiera dado por sentado durante una conferencia que su espacio respaldaría la ley. La senadora salteña Flavia Royón, vinculada políticamente con el gobernador Gustavo Sáenz, tampoco estaba dispuesta a acompañar la reforma. Dentro del radicalismo, Daniel Kroneberger anticipó que no votaría a favor del capítulo. La resistencia conjunta de esos sectores terminó por dejar al oficialismo sin posibilidades de alcanzar la mayoría.
Qué sigue con la ley
Los integrantes del espacio acordaron retirar el apartado cuestionado, pero La Libertad Avanza aclaró que la decisión no supone abandonar definitivamente el tema. El oficialismo pretende continuar trabajando sobre una nueva redacción que reúna más aportes y alcance un consenso mayor.
El Senado seguirá analizando el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye modificaciones al régimen de expropiaciones y a los procedimientos de desalojo, una actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Fuentes libertarias señalaron a la agencia Noticias Argentinas que esos capítulos cuentan con un respaldo amplio entre los diferentes bloques que participan de las negociaciones.
La sesión también estará marcada por la situación del senador catamarqueño Flavio Fama, quien no puede viajar a Buenos Aires por problemas de salud. El legislador solicitó autorización para participar y votar virtualmente, pidiendo el mismo tratamiento excepcional concedido por la vicepresidenta Victoria Villarruel a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo. Esa habilitación deberá ser refrendada por el pleno de la Cámara Alta.
