El Gobierno de Tucumán destinará al menos $10.000 millones a un Plan Integral de Prevención Hídrica que ya lleva más de 40 obras en ejecución, con limpieza de canales, ensanchamiento de cauces y defensas en puntos considerados vulnerables frente a las crecidas. El despliegue llega a la antesala del verano, cuando las tormentas intensas suelen provocar anegamientos y cortes de caminos.
El programa es coordinado por los ministerios de Obras Públicas, a cargo de Marcelo Nazur, y del Interior, encabezado por Darío Monteros. También intervienen la Dirección Provincial del Agua, Vialidad Provincial y administraciones municipales y comunales.
Según la información oficial, las tareas se concretan por dos vías: contrataciones con empresas privadas y trabajos ejecutados de forma directa con personal y equipamiento del Estado. Nazur precisó que, para ampliar la capacidad de respuesta, la Provincia contrató más de 15.000 horas de maquinaria pesada distribuida en distintas localidades.
Las intervenciones abarcan limpieza de canales, extracción de sedimentos, ensanchamiento de cauces, construcción de defensas y mejoras en los sistemas de drenaje de los sectores más expuestos a las crecidas.
El Gran San Miguel, el eje de los trabajos
Uno de los focos principales está en el Gran San Miguel de Tucumán. Allí las cuadrillas limpian y desmalezan el Canal Norte y el Canal Sur, y retiran barro, residuos y vegetación acumulada en otros desagües de la Capital.
Sobre el río Salí se desplegaron equipos entre Banda del Río Salí y Alderetes, con el objetivo de reducir el riesgo de erosión y desbordes que puedan afectar viviendas cercanas.
En Los Vallistos, el Ministerio de Obras Públicas acordó con vecinos y autoridades municipales una serie de obras para proteger los barrios 140, 80 y 200 Viviendas. El proyecto incluye un terraplén de contención con suelo cemento, el ensanchamiento y la limpieza del cauce, la protección de barrancas y la elevación de sectores próximos al río. Además, se ejecuta un canal de alivio de 24 metros de ancho y se trabaja en recuperar el recorrido original del Salí para facilitar el escurrimiento y reducir el desgaste de sus márgenes.
De Yerba Buena a los Valles Calchaquíes
En Yerba Buena las tareas se concentran en el canal Cainzo. En Tafí Viejo, en tanto, se limpian y acondicionan desagües en calle Marco Avellaneda y en el barrio 10 de Agosto.
Hacia el este provincial, el plan alcanza distintos sectores del río Salí en Cruz Alta y en Los Gómez, departamento Leales, además del canal Virginia, en Burruyacu. En Famaillá los equipos trabajan sobre el arroyo Maravilla, mientras que en Lules se ordena el cauce del río y se refuerzan sus márgenes, afectados por la extracción de áridos.
La Madrid, en el departamento Graneros, concentra especial atención por las inundaciones reiteradas de temporadas anteriores. Allí se amplía la capacidad del río Marapa, sobre todo en el tramo entre el puente de la ruta nacional 157 y el puente ferroviario.
El Ejecutivo también informó inversiones para instalar alcantarillas en distintos sectores de la ruta 157, en la ruta nacional 38 a la altura de Rumi Punco y en la ruta provincial 323.
En el sur tucumano, el plan contempla la protección de barrancas del río Chirimayo, en Concepción, y la remoción de sedimentos, ramas y residuos bajo el puente sobre el río Medina, en Simoca. Otras intervenciones llegan al río Seco, en Monteros; a la zona de La Tala; al arroyo Achera, en Arcadia; y a los ríos Chico, El Polear y Los Córdoba.
En los Valles Calchaquíes se incluye el encauce del río Santa María en Colalao del Valle y El Bañado, además de trabajos previstos en Amaicha del Valle.
Los reclamos de la oposición
Pese al despliegue anunciado, la oposición provincial insistió en que las medidas deben acompañarse con información precisa sobre su ejecución y sus resultados.
El legislador radical Agustín Romano Norri presentó un proyecto de resolución para pedirle al Poder Ejecutivo un informe actualizado sobre las intervenciones en sectores críticos de San Miguel de Tucumán. El pedido pone el foco en los 31 puntos identificados en el Plan de Contingencia de 2025, considerados vulnerables frente a anegamientos e inundaciones urbanas.
Romano Norri sostuvo que, además de proyectar obras de largo plazo, es indispensable conocer qué medidas concretas se aplican en los lugares donde los vecinos enfrentan mayores riesgos.
La legisladora Silvia Elías de Pérez volvió a cuestionar la falta de tratamiento de una iniciativa presentada a comienzos de año para convocar al ministro Nazur a la Legislatura. La propuesta buscaba que el funcionario explicara el estado de los trabajos de limpieza, dragado y ampliación de los cauces de los ríos Chico, Marapa y Salí, entre otros, además del mantenimiento de canales y sistemas de drenaje en las ciudades y el área metropolitana.
La parlamentaria también reclamó información sobre el destino de los fondos asignados por la Ley de Emergencia Hídrica, el porcentaje efectivamente ejecutado y las contrataciones realizadas bajo ese régimen. Para Elías de Pérez, la reiteración de inundaciones demuestra deficiencias en la planificación y en la capacidad de respuesta del Estado provincial, con consecuencias directas sobre las familias afectadas.
Desde La Libertad Avanza también surgieron cuestionamientos por las prioridades presupuestarias. El presidente del partido en Tucumán, Lisandro Catalán, propuso reducir el presupuesto de la Legislatura provincial del 4% al 1% del total de recursos públicos y destinar la diferencia a obras de infraestructura. Como ejemplo, planteó usar esos fondos para financiar intervenciones en La Madrid que eviten nuevas inundaciones.
El diputado nacional Mariano Campero difundió imágenes de un canal de Las Talitas con una importante acumulación de residuos y cuestionó la falta de obras suficientes para resolver el problema. El legislador señaló que su espacio elaboró una propuesta de prevención de inundaciones con un horizonte de ocho años, que incluye intervenciones prioritarias para obtener resultados durante el primer año de ejecución.
Campero sostuvo que Tucumán cuenta desde hace décadas con diagnósticos y proyectos sobre las causas de las inundaciones, pero que todavía resta concretar buena parte de las soluciones necesarias.
El debate se da en un contexto de creciente preocupación por la llegada del verano, período en el que las tormentas intensas suelen provocar crecidas de ríos, interrupciones de caminos y anegamientos en distintas localidades.
Mientras el Gobierno provincial apuesta a los trabajos preventivos ya desplegados, la oposición exige mayores controles sobre la inversión y reclama un programa de infraestructura que permita superar las intervenciones de emergencia. Con más de 40 obras en marcha y una inversión anunciada de al menos $10.000 millones, el desafío será comprobar si las tareas alcanzan para reducir los daños cuando arrecien las lluvias de la temporada.
