El Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo y ordenó que la Policía provincial no pueda ingresar a los predios de la Facultad de Filosofía y Letras ni a ningún otro edificio universitario sin una orden judicial legítima. La medida llega después de una serie de episodios de tensión entre la fuerza de seguridad y la comunidad académica.
La presentación había sido impulsada por representantes de docentes, no docentes y estudiantes. Según comunicó la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), el fallo consideró que el accionar policial constituyó una violación directa a la autonomía universitaria y al principio de inmunidad jurisdiccional.
El juez valoró las pruebas aportadas por los denunciantes y advirtió sobre “fisuras en la documentación enviada por el Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía de Tucumán”. A partir de eso, dictó una orden estricta contra las fuerzas de seguridad.
Los alcances de la medida
La resolución establece de manera textual: “Ordenar la prohibición de acercamiento, hostigamiento o ingreso no autorizado de efectivos policiales provinciales a los predios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT como a cualquier otro predio universitario y sus accesos directos, sin orden legítima, ordenando el cese inmediato de cualquier práctica intimidatoria o detención arbitraria contra estudiantes, docentes y no docentes”.
En sus fundamentos, el magistrado sostuvo la protección constitucional del derecho a la protesta y el principio de proporcionalidad. “La protesta social en defensa de la educación pública y el presupuesto universitario constituye un ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, peticionar a las autoridades y reunión pacífica”, argumentó en el fallo.
También advirtió que “las fuerzas de seguridad del Estado no pueden utilizar métodos coactivos intimidatorios para disuadir el ejercicio de derechos políticos, sociales o de manifestación”. De ese modo, remarcó que los agentes estatales deben actuar bajo un estricto escrutinio de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
El fallo recuerda además que las fuerzas de seguridad locales “carecen de atribuciones para irrumpir, patrullar, requisar o realizar operaciones preventivas sin previa orden emanada de autoridad judicial federal competente o en estricta sujeción a los recaudos legales que protegen el ámbito universitario”. Y agrega: “La intromisión policial sin justificación legítima en el marco de protestas por el presupuesto universitario vulnera la intangibilidad del campus y constituye una vía de hecho ilegítima”.
El respaldo de Adiunt
Después de conocerse el dictamen, Adiunt emitió un comunicado en el que celebró la decisión judicial y reafirmó la importancia de “organizarse frente a la violencia institucional y no dejar pasar las acciones intimidatorias de la policía”. El gremio concluyó: “Seguimos denunciando la responsabilidad del gobierno provincial y exigiendo que se investigue a los responsables”.
Los hechos que originaron el conflicto
La presentación judicial señala dos episodios ocurridos en la Facultad de Filosofía y Letras como el origen del conflicto. Según la denuncia, el primero tuvo lugar el 15 de octubre, durante las protestas por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ese día, un agente policial habría ingresado al edificio y acorralado a un estudiante en los baños. “Tras cerrar la puerta, lo amedrentó expresando: ‘Vos sos el macho de ayer, parate de manos ahora’, y realizó ademanes de agresión física”, indica el texto.
El segundo hecho se registró el 16 de octubre. En esa oportunidad, cuatro efectivos de Infantería ingresaron al establecimiento “portando escudos y armas de fuego”. Los uniformados solo se retiraron tras el reclamo de una docente, de acuerdo con el escrito.
Tras ambos episodios, el decano de la institución, Sergio Robin, y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, mantuvieron una reunión para aclarar lo sucedido. Allí, el gobierno provincial se comprometió a investigar los hechos. Sin embargo, un grupo de representantes de distintos estamentos universitarios decidió avanzar con la presentación del habeas corpus colectivo, al que la Justicia Federal finalmente hizo lugar.
