La aprobación del nuevo Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán podría demorarse hasta marzo de 2027, ya que aún deben completarse las conclusiones de las consultas públicas, redactar el anteproyecto y cumplir con las distintas instancias legislativas. Aunque la Municipalidad y el Concejo Deliberante aspiran a sancionar la normativa antes de fin de año, las autoridades admitieron que no hay una fecha confirmada y que el debate podría postergarse hasta el próximo período legislativo.
El concejal capitalino Facundo Vargas Aignasse, presidente de la comisión especial que estudia la reforma, ratificó que la intención es avanzar durante noviembre y diciembre, pero aclaró que no se acelerarán los procedimientos para cumplir con un calendario preestablecido.
La iniciativa busca reemplazar y actualizar las disposiciones urbanísticas vigentes desde 1998, que regulan las alturas de los edificios, los usos permitidos del suelo, la instalación de actividades comerciales y las condiciones para desarrollar nuevos emprendimientos inmobiliarios.
El cambio tendrá consecuencias directas sobre el crecimiento de la Capital, porque fijará las pautas para organizar la expansión urbana, distribuir las construcciones y determinar qué infraestructura deberá acompañar el desarrollo de la ciudad durante las próximas décadas.
Consultas cerradas y anteproyecto en elaboración
Según explicó Vargas Aignasse, la primera etapa del proceso, destinada a recibir propuestas y opiniones de instituciones, especialistas y vecinos, ya finalizó. En la actualidad se trabaja en un documento que reúna las conclusiones de esas consultas, cuya presentación está prevista para noviembre.
Después comenzará la discusión del anteproyecto, que deberá ser evaluado por la comisión especial, pasar por la comisión permanente de Planeamiento y finalmente llegar al recinto del Concejo Deliberante para su eventual aprobación.
El funcionario señaló que, si se cumplen los plazos previstos, la reforma podría tratarse antes de fin de año. De lo contrario, el debate continuará en marzo de 2027, cuando se reanude la actividad legislativa ordinaria.
El arquitecto Luis Lobo Chaklián, uno de los principales referentes técnicos de la iniciativa, anticipó que los resultados de la etapa participativa se presentarán públicamente dentro de aproximadamente 15 o 20 días.
En paralelo, los equipos técnicos avanzan en la redacción de las modificaciones normativas, con la intención de presentar el anteproyecto entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.
Durante el proceso fueron convocadas 98 instituciones y organizaciones, de las cuales 63 participaron activamente. En total, intervinieron 248 personas, entre profesionales, representantes universitarios, cámaras empresariales, organismos públicos y vecinos.
La información recopilada servirá como base para definir un modelo de desarrollo urbano con una proyección de aproximadamente 30 años.
Edificios más sustentables y nuevas centralidades
Entre las principales modificaciones que se analizan aparecen nuevas exigencias para la construcción de edificios, destinadas a mejorar las condiciones ambientales y ordenar la relación entre los inmuebles y el espacio público.
Una de las propuestas contempla establecer retiros obligatorios respecto de la línea municipal, además de permitir o exigir balcones de mayores dimensiones en determinadas arterias.
También se estudia incorporar terrazas verdes, superficies permeables que faciliten la absorción del agua de lluvia y sistemas para recolectar y reutilizar el recurso hídrico.
Estas disposiciones estarían acompañadas por mayores exigencias de arbolado y la incorporación de tecnologías sustentables en los nuevos desarrollos.
Otro de los ejes centrales consiste en modificar la distribución de las actividades urbanas mediante la creación de nuevas centralidades.
La propuesta apunta a desarrollar sectores en los que convivan viviendas, comercios y servicios, de manera que los habitantes puedan resolver una parte importante de sus necesidades cotidianas sin trasladarse permanentemente hacia el centro de San Miguel de Tucumán.
Este modelo también pretende reducir la concentración de desplazamientos y contribuir a una distribución más equilibrada de las actividades económicas y sociales.
Mirada metropolitana y movilidad
La reforma incluirá una perspectiva metropolitana, teniendo en cuenta que el crecimiento de la Capital está estrechamente relacionado con el desarrollo de Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y otras localidades cercanas.
En ese contexto, Lobo Chaklián planteó la necesidad de construir 14 puentes para mejorar las conexiones urbanas y anticipó que el proyecto incorporará modificaciones en la red vial y nuevas ciclovías.
Las propuestas vinculadas con la movilidad buscarán adecuar la infraestructura de circulación a las necesidades actuales y futuras de una ciudad que experimentó importantes transformaciones desde la sanción del código vigente.
La preservación del patrimonio arquitectónico y cultural también ocupará un lugar destacado dentro de la nueva normativa.
El objetivo será establecer criterios que permitan compatibilizar la renovación de los sectores urbanos con la protección de construcciones y espacios considerados relevantes para la identidad histórica de la Capital.
Sin embargo, todas estas iniciativas todavía deben convertirse en disposiciones concretas y superar el debate legislativo antes de adquirir carácter obligatorio.
Los puntos que podrían generar mayor debate
Uno de los aspectos que podría generar mayores discusiones está relacionado con los cambios en las condiciones de edificación y los usos del suelo, debido a sus posibles efectos sobre propietarios, vecinos, comerciantes y desarrolladores inmobiliarios.
Las decisiones sobre alturas permitidas, densidad de construcciones y actividades habilitadas en cada zona pueden modificar las posibilidades de aprovechamiento de los terrenos y las características de distintos barrios.
Vargas Aignasse destacó que hasta el momento existió un diálogo entre representantes del oficialismo y la oposición, aunque reconoció que podrían aparecer diferencias cuando se analicen las disposiciones específicas.
Por su parte, Lobo Chaklián valoró el acompañamiento de la intendenta Rossana Chahla y del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y señaló que existen coincidencias sobre la importancia de incorporar criterios vinculados con la movilidad, el ambiente y la infraestructura.
La discusión sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano se desarrolla en un momento en que la Capital enfrenta desafíos relacionados con el crecimiento inmobiliario, la circulación vehicular, el drenaje pluvial y la disponibilidad de servicios públicos.
Por ese motivo, la actualización normativa no se limitará a modificar las condiciones para construir edificios, sino que también buscará establecer una planificación integral del territorio.
La principal incógnita continúa siendo el momento de su aprobación. Si las conclusiones de las consultas y el anteproyecto se presentan dentro de los plazos anunciados, el Concejo Deliberante deberá determinar si cuenta con tiempo suficiente para debatir y sancionar la reforma durante diciembre.
De no concretarse ese objetivo, el tratamiento quedará pendiente hasta marzo de 2027, en pleno año electoral, cuando las negociaciones políticas podrían adquirir una mayor incidencia sobre el avance de la iniciativa.
Por ahora, las autoridades municipales y legislativas mantienen abiertas ambas posibilidades, sin una fecha confirmada para la votación definitiva de una normativa que establecerá las reglas del desarrollo urbano de San Miguel de Tucumán para las próximas décadas.
