La justicia federal investiga un mecanismo de subvaluación de activos estatales en la privatización de las represas del Complejo Comahue, que habría beneficiado a los hermanos Neuss y a otros grupos económicos. La denuncia, ampliada por la Fundación Soberanía, pide que se anulen las adjudicaciones por considerar que violan la legalidad administrativa.
La presentación, realizada en Neuquén, describe una “cadena de ilegalidades” compuesta por cuatro eslabones que apuntan contra el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. Según el escrito, el objetivo habría sido subvaluar los activos para transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al poder político.
El primer eslabón: la elusión del Tribunal de Tasaciones
El documento cuestiona el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), dirigido por Julio Villamonte, al que se acusa de no haber respetado los tiempos necesarios para su labor. La denuncia sostiene que el Poder Ejecutivo no buscó una “tasación objetiva”, sino “la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”.
“La secuencia temporal de las notas intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el TTN demuestra una evidente falta de buena fe administrativa”, concluye la presentación.
El BICE y la falta de independencia técnica
El segundo eslabón apunta al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), conducido por Maximiliano Voss, que reemplazó al TTN por decisión de Caputo. La denuncia señala que el BICE no tiene competencia legal para tasar y carece de independencia técnica, ya que depende directamente del Ministerio de Economía.
“El Ministerio de Economía concentra las funciones de tasación, pliego, licitación y adjudicación en la misma estructura, propiciando riesgos severos de subvaluación patrimonial”, afirma el texto.
La metodología de subvaluación y el peligroso antecedente
El último eslabón se refiere a la metodología de flujo de fondos utilizada para tasar las empresas. Según la denuncia, este método no constituye una tasación en los términos del TTN, sino un “mero ejercicio financiero de ganancias hipotéticas”. Se cita al ingeniero Daniel E. Martín, miembro del TTN, quien sostiene que el método patrimonial es el más adecuado.
La Norma 20.1 del Tribunal de Tasaciones recomienda utilizar el método patrimonial en casos de expropiación, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los beneficiarios: los Neuss y otros grupos
La denuncia identifica a las empresas adjudicatarias: Edison Inversiones S.A.U., del Grupo Neuss; BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy; y Central Puerto S.A., con accionistas como Guillermo Reca y la familia Miguens Bemberg. Se solicita que estos empresarios sean citados a declarar y que se anulen las privatizaciones.
Fuentes del gobierno admiten un trasfondo político que deja estos procesos en manos de un sector interno que esquiva a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien “no entiende de cuestiones técnicas como son las licitaciones”.
