Argentina fue degradada a la Categoría 5 del Índice Global de los Derechos 2026, el nivel más bajo, que indica que los derechos laborales “no están garantizados”. Así, el país quedó ubicado entre los 10 peores del mundo para trabajar, según el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI).
El retroceso es histórico: Argentina cayó del nivel 3 al 5 en apenas dos años, lo que el organismo internacional calificó como uno de los desplomes más pronunciados jamás detectados. El informe coloca al país en una “lista negra” que comparte con naciones como Bielorrusia, Egipto, Myanmar y Turquía.
La degradación responde directamente a la implementación de un programa que la CSI tilda de “radicalmente antisindical”, destinado a socavar las libertades civiles y la capacidad de negociación de los trabajadores en favor de los intereses del sector privado.
Las claves del retroceso laboral
El informe señala que, desde la llegada al poder de Javier Milei a fines de 2023, el gobierno lanzó un ataque sistemático contra los sindicatos y el derecho a la protesta social. Entre los puntos críticos se destacan:
- Restricciones a la huelga y negociación colectiva: imposición de niveles obligatorios de servicios mínimos para una gama excesiva de sectores y reformas que tratan el trabajo como un mero “coste” a minimizar.
- Persecución y violencia estatal: uso de órdenes represivas y un protocolo antibloqueo que otorga poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad, con más de 1.350 heridos durante manifestaciones en 2025.
- Despidos antisindicales masivos: en la ANSES, la justicia confirmó que los despidos masivos fueron “discriminatorios”, afectando en un 84,6% a trabajadores con representación gremial.
- Exilio de dirigentes: la detención de Federico Giuliani, secretario general de ATE-CTA A en Córdoba, quien tras ser liberado debió huir del país como “refugiado político”.
El informe también denuncia que el sector privado se sintió incentivado por la retórica antiobrera oficial para intensificar los recortes de personal y el uso de la fuerza para disolver asambleas internas, como ocurrió en el caso de la empresa Lustramax.
Denuncia internacional
Ante este escenario, la CGT y ambas vertientes de la CTA decidieron elevar el conflicto al plano internacional. Presentaron una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. La presentación cuenta con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas.
Para el secretario general de la CSI, Luc Triangle, este fenómeno no es una coincidencia, sino parte de una tendencia global de debilitamiento de los principios democráticos, que describió como un “golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia”, financiado por las élites y ejecutado por líderes autoritarios.
