La carga mensual de los servicios de deuda de las familias argentinas alcanza el 24,1% de la masa salarial, según datos del Banco Central. La mora de las personas físicas trepó al 16,1%, muy por encima del 3,5% de las empresas, y el deterioro más severo se concentra en las entidades no bancarias.
En los últimos dos años, el porcentaje del salario comprometido con cuotas pasó de menos del 9% a casi uno de cada cuatro pesos. Esto significa que una porción creciente de los ingresos laborales se destina a pagar deudas antes de llegar al consumo.
Según el análisis, el mercado real no es la masa salarial total, sino aquella que queda después de descontar los compromisos financieros. Proyectar ventas o evaluar carteras sobre el bruto implica considerar un agregado que no llega íntegro al circuito comercial.
La mora de los hogares supera ampliamente a la de las empresas
La distribución del deterioro es más relevante que su nivel general. Mientras que la morosidad de las personas físicas es del 16,1%, la de las empresas es de apenas 3,5%. Así, los hogares se atrasan casi cinco veces más que las compañías.
Históricamente, el crédito al consumo era el segmento más sólido de la cartera, mientras que la exposición principal estaba en el sector corporativo. Esa relación se invirtió: hoy las empresas cumplen y los hogares no llegan a fin de mes. Los deudores en situación irregular pasaron de 2,4 millones a 5,8 millones en dos años.
El origen de la deuda también cambió. Según un relevamiento de Zentrix, el 62% de los argentinos tomó deuda y el 53,7% lo hizo para cubrir gastos corrientes, como alimentos y servicios. Solo el 11,5% financió bienes durables. Dos de cada tres personas agotan sus ingresos antes del día 20 y apenas el 9,3% llega a fin de mes con capacidad de ahorro.
Esta distinción es clave para el análisis de riesgo. La deuda destinada a bienes durables tiene como contrapartida un activo y una decisión de inversión. En cambio, la deuda para gasto corriente no tiene respaldo: es un descalce entre ingreso y consumo básico, y su repago depende exclusivamente de que el ingreso real se recupere.
El mayor deterioro se concentra fuera del sistema bancario
El punto que merece atención regulatoria es la composición por tipo de entidad. En las entidades no bancarias, la morosidad alcanza el 30,3%, más de cuatro veces la de los bancos regulados. Es el registro más alto en dos décadas y se concentra en el segmento con menores exigencias de capital, menores requisitos de previsionamiento y menor densidad de información.
El fenómeno tiene un componente etario: entre los jóvenes de 18 a 39 años, el 35,8% recurrió a financieras informales, donde no opera ninguna referencia de tasa. Que el deterioro se acumule fuera del perímetro de supervisión no reduce su magnitud, sino su visibilidad. Para el sistema regulado, el efecto es indirecto pero real, ya que comparte deudores con ese segmento: un hogar que entra en default informal difícilmente sostenga sus obligaciones bancarias.
Hay una dimensión de este proceso que se observa antes en la liquidación de sueldos que en las estadísticas, y que impacta directamente en la caja de las empresas.
La primera es el adelanto de haberes. El artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo autoriza adelantos de hasta el cincuenta por ciento de las remuneraciones correspondientes a no más de un período de pago. Lo que era una herramienta excepcional se volvió rutinaria: el pedido a los pocos días de acreditado el sueldo, el aguinaldo solicitado antes de tiempo, la solicitud que se repite todos los meses. La empresa termina aplicando capital de trabajo propio para cubrir el descalce financiero de su nómina, sin tasa, sin garantía y con escaso margen para negarse sin costo en el clima interno.
La segunda es el embargo. El crecimiento de la mora se traduce en oficios judiciales, y cada uno convierte al empleador en agente de retención. Ello supone calcular sobre remuneración neta, aplicar la escala del decreto 484/87, respetar el límite del artículo 133 de la L.C.T. —que fija en el veinte por ciento el máximo de deducciones que pueden practicarse en conjunto— y depositar en término. Retener por encima de ese tope genera responsabilidad frente al trabajador; retener de menos o fuera de plazo, frente al juzgado. Es una tarea administrativa no retribuida con exposición en ambos extremos, y su volumen creció al mismo ritmo que la mora.
La tercera es que un empleado con su ingreso comprometido reduce su movilidad: no renuncia, no rechaza condiciones, no negocia salida. Puede leerse como estabilidad, pero conviene no confundirlo con retención de talento. La rotación que baja por restricción financiera no elimina el conflicto, lo posterga, y el conflicto laboral postergado tiende a materializarse en la liquidación final, con intereses y con costas. Ninguno de estos tres efectos aparece en el presupuesto anual.
La desinflación no alcanza para recomponer el ingreso
Corresponde reconocer lo que funciona. La inflación descendió de manera consistente: 2,1% en julio y 19,3% acumulado en el año. Para fijar precios, firmar contratos a plazo y planificar inversión, la mejora de las condiciones es sustancial.
El problema es de secuencia. La desinflación reduce la velocidad a la que se deteriora el ingreso, pero no lo recompone por sí sola. De las paritarias cerradas en 2026, ocho actividades le ganaron efectivamente a los precios. La informalidad se mantiene en torno al 44%, lo que deja a casi la mitad de los ocupados fuera del crédito bancario y dentro del circuito donde la tasa es sensiblemente mayor.
Cuando la recomposición no llega en tiempo, el consumo no se posterga: se financia. Y el consumo financiado no agrega demanda, la anticipa. Ese es el punto que conecta el dato del Banco Central con los indicadores de actividad. Buena parte del consumo sostenido durante los últimos dos años no expresó recuperación del ingreso sino expansión del crédito, y esa expansión encontró su techo.
Cuando el 24,1% de la masa salarial ya está aplicado a servicios de deuda, el margen para sostener demanda por esa vía se agota, y la desaceleración se traslada primero al comercio, después a la industria que lo abastece. Es, en ese sentido, un dato que excede lo financiero: un programa que logra estabilizar precios pero no logra que el ingreso real acompañe termina liberando capacidad de endeudamiento en lugar de capacidad de consumo. La primera es más rápida de obtener y considerablemente más breve.
Tres variables para seguir en los próximos trimestres
La primera es la calidad de la cartera de consumo del sistema regulado y, particularmente, su exposición cruzada con el segmento no bancario, donde la mora cuadruplica la propia y la información es más débil.
La segunda es la evolución del salario real por rama, no del promedio. La diferencia entre las ocho actividades que le ganaron a los precios y el resto define qué porción de la masa salarial vuelve efectivamente al consumo y cuál queda absorbida por el servicio de deuda.
La tercera es el nivel de actividad del comercio minorista, que es donde el ajuste se observa antes que en cualquier serie: no en la cantidad de operaciones, sino en el ticket promedio y en su distribución dentro del mes.
Un mercado interno que compra con ingreso futuro no es un mercado en expansión, es un mercado anticipado.
