La Justicia Federal de Tucumán procesó a cuatro directivos de la Fundación Miguel Lillo por presuntas designaciones irregulares en cargos jerárquicos. La medida incluye un embargo de $15 millones por cada imputado y restricciones para salir del país.
Los procesados son Francisco Fernando Sassi Colombres, Pablo Holgado, Ricardo Javier Audi Falú y David Alfredo Flores, quienes quedaron imputados por delitos vinculados al ejercicio de sus funciones directivas.
La causa comenzó en mayo de 2023 con una denuncia de Ángel Hugo Morales, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (Apunt). Morales señaló que la Comisión Asesora Vitalicia (CAV) habría realizado nombramientos sin competencia legal para ocupar los cargos de Director Ejecutivo, Secretario General y Director General de Investigación.
Según el denunciante, esos cargos dependen del Poder Ejecutivo Nacional y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por lo que la CAV no tenía facultades para designarlos. En su escrito, Morales afirmó que las autoridades de la Fundación, amparadas en modificaciones de la estructura organizativa aprobadas en 2016 y 2019, “vienen transgrediendo sistemáticamente el ordenamiento jurídico en lo referente a las normas que regulan la relación de empleo para dar paso a la arbitrariedad y direccionalidad absoluta en la elección y designación del personal”.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, con el fiscal subrogante Agustín Chit y la auxiliar Julia Vitar. Se incorporaron auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y dictámenes administrativos. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el cargo de Director Ejecutivo equivale a un subsecretario de Estado, por lo que su designación corresponde al Presidente de la Nación. Las direcciones generales, en tanto, debían ser autorizadas por la Jefatura de Gabinete y cubrirse por concurso según el Convenio Colectivo SINEP.
Durante las indagatorias, los cuatro imputados rechazaron las acusaciones. Sassi Colombres calificó la acusación de “totalmente incorrecta” y defendió las facultades de la CAV basándose en el artículo 3 de la Ley 12.935, norma de creación de la Fundación. Holgado aseguró que no tuvo indicios de irregularidades en su selección. Audi Falú dijo que aceptó el cargo “en virtud de un acto administrativo válido de designación” y actuó de buena fe. Flores explicó que su incorporación surgió de una convocatoria pública y una evaluación académica.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez descartó aplicar el artículo 253 del Código Penal, como pedía la Fiscalía, al considerar que el conflicto era sobre la competencia del órgano que designó, no sobre los requisitos personales. Así, procesó a Sassi Colombres por usurpación de autoridad en concurso ideal con abuso de autoridad, y a Holgado, Audi Falú y Flores por usurpación de autoridad.
El juez concluyó que los imputados conocían las observaciones de los organismos de control sobre la legalidad de las designaciones y, aun así, continuaron en sus cargos. Además del procesamiento sin prisión preventiva, ordenó embargos de $15 millones, prohibición de salir del país y de portar armas mientras dure el proceso.
