El Gobierno de Tucumán, que conduce Osvaldo Jaldo, habilitó una nueva asistencia financiera reintegrable de hasta $1.828.278.007,98 a favor de la Municipalidad de Yerba Buena, administrada por el intendente radical Pablo Macchiarola. El destino principal, según la documentación oficial, es el pago de los salarios de septiembre de 2026.
La medida quedó formalizada a través del Decreto Nº 2.436/3, firmado el 5 de octubre y publicado en el Boletín Oficial de Tucumán el jueves 22. El instrumento autoriza al Poder Ejecutivo provincial a otorgar el financiamiento y se enmarca en la Ley Nº 8.829, conocida como Pacto Social, y en el Acuerdo Fiscal con Municipios.
No se trata de un caso aislado. En agosto, mediante el Decreto Nº 1.799/3, la Provincia ya había autorizado otro préstamo reintegrable de hasta $1.751.378.543,69, orientado sobre todo a cubrir los haberes de julio. Sumadas, ambas autorizaciones trepan a $3.579.656.551,67.
Ese total corresponde a montos máximos aprobados para períodos salariales distintos, por lo que no equivale necesariamente al dinero efectivamente desembolsado. Aun así, la magnitud de los recursos girados hacia un mismo municipio en apenas dos tramos vuelve a poner bajo la lupa la planificación financiera de la comuna.
El mecanismo detrás del auxilio
Según el decreto, los fondos se imputarán a Rentas Generales y se canalizarán a través de la cuenta fiduciaria del municipio, con intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. La disponibilidad efectiva del dinero quedará supeditada a las posibilidades del Tesoro provincial, mientras que la Contaduría General deberá registrar cada desembolso y su correspondiente devolución.
Las asistencias son reintegrables: los municipios adheridos al régimen aceptan condiciones de compensación y devolución vinculadas con sus recursos de coparticipación. El Pacto Social es un mecanismo legal al que recurren distintos municipios tucumanos y su aplicación, por sí sola, no implica una situación de insolvencia.
Sin embargo, la reiteración de estas herramientas para cubrir remuneraciones abre un interrogante sobre la capacidad de Yerba Buena para afrontar sus gastos corrientes con recursos propios. La documentación oficial confirma las asistencias salariales, pero no detalla cuántos empleados tiene hoy el municipio ni cuánto creció su planta durante esta gestión, datos que resultarían claves para determinar si el aumento del gasto en personal explica las dificultades.
Un auxilio con lectura política
El financiamiento también admite una lectura política. Macchiarola pertenece al radicalismo y forma parte del espacio opositor Cambia Tucumán, mientras que Jaldo encabeza el Gobierno provincial. El intendente llegó al cargo en 2023 como sucesor de Mariano Campero, uno de sus principales referentes, quien mantiene aspiraciones de competir por la Gobernación en los comicios previstos para mayo de 2027.
Mientras ese sector busca posicionarse como alternativa al oficialismo provincial, la administración de Yerba Buena sigue utilizando mecanismos de asistencia habilitados por el Ejecutivo de Jaldo. El vínculo institucional permite canalizar los recursos pese a las diferencias partidarias, aunque el contraste entre el discurso opositor y la dependencia de fondos provinciales suma un nuevo elemento al debate.
El volumen de las transferencias también deja abierta otra pregunta: cuánto cuesta sostener el funcionamiento de la Municipalidad de Yerba Buena y qué proporción de sus ingresos se destina a salarios. La necesidad de recurrir otra vez a la Provincia para cubrir remuneraciones plantea dudas sobre el margen disponible para obras, mantenimiento urbano y servicios públicos.
Por ahora, el dato concreto es que el Gobierno provincial autorizó más de $3.579 millones en dos operaciones de asistencia financiera para Yerba Buena durante 2026, ambas con los sueldos como destino principal. Una cifra que vuelve a colocar las cuentas municipales en el centro de la discusión pública.
