El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la eliminación de 59 tasas, derechos y contribuciones municipales a partir de un proyecto impulsado por la intendenta Rossana Chahla. La medida apunta a reducir los costos de ciertos trámites administrativos y comerciales, pero la oposición cuestionó la falta de datos sobre el ahorro real para los contribuyentes y el impacto en la recaudación.
La ordenanza empezará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Municipal, por lo que los beneficios no serán inmediatos hasta que se cumpla ese paso formal.
Qué trámites dejan de pagarse
Entre los cambios más visibles está la eliminación del arancel de los certificados de Libre Deuda y de Cumplimiento Fiscal, que hoy cuestan $ 4.600 cada uno. Tampoco se cobrarán determinados trámites administrativos que actualmente se abonan a razón de $ 1.150 por la primera hoja y $ 460 por cada hoja adicional.
Según las estimaciones del Ejecutivo, quienes deban hacer varias de estas gestiones podrían ahorrar hasta $ 11.500. La reducción, sin embargo, no equivale a una rebaja generalizada de los impuestos municipales: alcanza a quienes utilizan los servicios comprendidos en la reforma.
Los 59 conceptos eliminados pertenecen a nueve dependencias municipales. La Dirección de Ingresos Municipales concentra 17; Catastro, 14; Vía Pública, 12; Cementerios, siete; Bromatología, tres; el Tribunal de Faltas y Arbolado, dos cada uno; y Defensa Civil y Espacios Verdes, uno por área.
La medida también abarca aranceles vinculados con kioscos, ferias, puestos comerciales, food trucks, mesas y sillas en espacios públicos, permisos de refacción sin planos, rebajes de cordón y depósitos de materiales.
La eliminación de los cobros no exime a los comerciantes de cumplir con las habilitaciones, autorizaciones y controles que exigen las ordenanzas vigentes.
El debate en el Concejo
Durante la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para reducir la burocracia y simplificar las gestiones de vecinos y comerciantes. El presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, sostuvo que los conceptos eliminados representarían alrededor del 1,5% de la recaudación municipal y rechazó las críticas sobre su escasa incidencia económica.
“No estamos diciendo que este proyecto es Maradona en el 86”, expresó Vargas Aignasse, aunque insistió en que la decisión tendrá efectos positivos para los contribuyentes.
Desde la oposición, Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana, acompañó la reforma pero advirtió que sus beneficios serán limitados. “Es un proyecto corto que tiene poco impacto en el bolsillo de la gente”, afirmó. Aun así, justificó su voto favorable al considerar que cualquier reducción de la carga tributaria constituye un avance.
Una postura más crítica expresó Ana González, de Compromiso Tucumán, quien anunció la abstención de su bloque y calificó la propuesta como una medida de carácter electoral. “Es mucho ruido y pocas nueces”, cuestionó la concejala, al sostener que la eliminación de aranceles administrativos no representa un alivio significativo para las familias. Carlos Ale tampoco votó el proyecto.
Uno de los principales reclamos opositores fue la ausencia de datos concretos sobre cuánto dinero dejará de recaudar el municipio y cuántos contribuyentes resultarán beneficiados.
Gustavo Cobos advirtió que la cantidad de tasas eliminadas no permite dimensionar el efecto económico de la reforma. “Contar estos conceptos no significa medir el impacto económico real”, señaló. Leandro Argañaraz también reclamó precisiones sobre la recaudación correspondiente a 2025 y 2026, aunque aclaró que no podía votar en contra de una iniciativa destinada a reducir tributos.
Por su parte, Cristian Abel, ex secretario de Economía y Hacienda municipal, respaldó la eliminación de conceptos que consideró innecesarios y sostuvo que otras administraciones deberían adoptar medidas similares. Gonzalo Carrillo Leito también valoró la decisión, pero planteó la necesidad de impulsar políticas productivas que permitan disminuir la dependencia de los recursos tributarios.
Un punto judicializado y los próximos pasos
Otro artículo de la ordenanza contempla la derogación de una contribución vinculada con la vigilancia e inspección de instalaciones de agua, cloacas y gas natural por redes. Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que ese concepto se encuentra judicializado, por lo que todavía no puede establecerse si su eliminación tendrá un efecto directo sobre las facturas de los usuarios.
La Municipalidad fundamentó la reforma en que la administración y fiscalización de determinados cobros demandan recursos que resultarían elevados en relación con los ingresos obtenidos. No obstante, el expediente no incluyó un detalle de la recaudación individual de cada concepto que permita verificar esa relación.
Con la ordenanza sancionada, el próximo paso será su publicación oficial y la confirmación del texto definitivo aprobado por el Concejo. Mientras tanto, sigue abierto el debate sobre el alcance económico de la medida: aunque se eliminarán 59 conceptos tributarios, todavía no se conoce con precisión cuánto dinero ahorrarán los vecinos ni qué efecto tendrá la reforma sobre las finanzas municipales.
