La Municipalidad de San Miguel de Tucumán clausuró de forma preventiva tres predios y suspendió temporalmente a cinco empresas por presuntas descargas irregulares de escombros en zonas cercanas al río Salí y el Canal Sur. La investigación incluyó fotos, videos y testimonios de vecinos que alertaron sobre el movimiento de camiones.
La pesquisa fue encabezada por la Fiscalía Ambiental municipal, a cargo de Javier González, junto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que conduce Julieta Migliavacca. El caso comenzó tras publicaciones en redes sociales donde habitantes advertían sobre un intenso tránsito de camiones y contenedores cerca de ambos cursos de agua.
Integrantes de la Brigada Ambiental Municipal y equipos técnicos realizaron inspecciones en los puntos señalados y constataron acumulaciones de escombros y residuos de construcción. También identificaron huellas y caminos utilizados por vehículos de gran porte, así como sectores usados de forma frecuente para la descarga de materiales.
Durante las inspecciones, los investigadores realizaron entrevistas y recabaron información sobre el movimiento cotidiano de camiones. Según datos oficiales, uno de los testimonios indicó que parte de los escombros terminaban siendo desplazados hacia el cauce de agua.
La investigación sumó informes técnicos de organismos provinciales que determinaron que los espacios inspeccionados no cuentan con habilitación para la disposición de residuos. Se advirtió sobre el valor ambiental e hídrico de las áreas afectadas y los riesgos de acumular desechos en sectores sensibles cercanos al Canal Sur y al río Salí.
El juez de Faltas interviniente, Fabián Ruiz Lizondo, hizo lugar al planteo de la Fiscalía Ambiental y ordenó la clausura preventiva de los tres predios, además de la suspensión provisoria de cinco empresas hasta que acrediten el cumplimiento de las habilitaciones y condiciones ambientales exigidas por la ley.
“Estamos hablando de sectores especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental e hídrico, por eso se actuó de manera preventiva”, señaló el fiscal Javier González. Agregó que se solicitó que, llegado el momento procesal correspondiente, las empresas deban asumir tareas de restauración para recuperar los espacios degradados.
Por su parte, la secretaria de Ambiente, Julieta Migliavacca, remarcó que estas acciones forman parte de las políticas de la gestión de la intendenta Rossana Chahla y aseguró que desde el inicio de la administración se eliminó más del 45% de los basurales existentes. “Continuamos profundizando tareas de control, fiscalización y saneamiento con el objetivo de construir una ciudad más limpia, ordenada y ambientalmente responsable”, afirmó.
