Un hombre de 31 años fue imputado por una presunta estafa millonaria tras ser acusado de ejecutar durante años un esquema de ventas ficticias que habría provocado un perjuicio cercano a los $34 millones a una empresa de motopartes. El Ministerio Fiscal logró la formalización de cargos y la imposición de medidas de coerción por seis meses.
La acusación fue impulsada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego López Ávila, durante una audiencia realizada este miércoles. Allí se expusieron los detalles de una maniobra fraudulenta sostenida en el tiempo, que habría sido ejecutada aprovechando el rol del imputado dentro de la firma.
Según la investigación, el acusado se desempeñaba desde hacía aproximadamente ocho años como vendedor viajante y tenía acceso directo al sistema de facturación de la empresa “La Vía S.R.L.”, con sede en Lules. Desde esa posición, habría montado un circuito irregular de operaciones comerciales falsas.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, entre octubre de 2017 y mayo de 2025 el imputado emitía facturas legítimas a nombre de clientes reales, pero desviaba la mercadería hacia terceros no registrados. A esto se suma la presunta falsificación de firmas en remitos y la apropiación de pagos que nunca ingresaban a la empresa.
Para sostener la maniobra y evitar ser detectado, el acusado habría adulterado registros internos, modificando listados de deudores y proporcionando información falsa sobre el estado de las cuentas comerciales. El esquema salió a la luz cuando la empresa realizó controles contables y detectó inconsistencias: clientes que figuraban como compradores desconocían por completo las operaciones facturadas.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado se valió de la confianza depositada por sus empleadores para cometer el delito de manera sistemática durante varios años.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad —principalmente reglas de conducta— por el plazo de seis meses, con el objetivo de garantizar el avance de la causa. El juez interviniente hizo lugar al planteo, formalizó la investigación y dio por aceptada la imputación.
