En un escenario global marcado por la disputa entre Estados Unidos y China por los recursos estratégicos, el proyecto para desregular la compra de tierras por extranjeros reaviva el debate sobre el papel de la Argentina en el nuevo orden geopolítico. La iniciativa, que modifica la Ley 26.737, convertiría al país en proveedor de tierra, agua y energía para las potencias tecnológicas.
La discusión sobre la tierra en la Argentina de 2026 no puede entenderse sin el contexto mundial. La competencia por el control de cadenas de suministro —semiconductores, minerales críticos, energía y capacidad de cómputo— está redefiniendo el planeta. En ese tablero, iniciativas como la llamada “Pax Silica” asignan a países como el nuestro el rol de proveedores confiables de recursos, lejos de los conflictos bélicos.
La voracidad de la inteligencia artificial
Los números ya no son especulación. La Agencia Internacional de Energía proyecta que los centros de datos consumirán hacia 2030 alrededor de 945 teravatios-hora de electricidad, más que todo el consumo actual de Japón y cerca del 3% de la electricidad mundial, concentrados en Estados Unidos, China y Europa.
En materia hídrica, estimaciones académicas calculan que la demanda de agua asociada a la IA alcanzará hacia 2027 entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos anuales, equivalente a la extracción de agua de países enteros. Una conversación breve con un modelo de lenguaje insume el equivalente a una botella de agua. Mientras tanto, la agricultura explica cerca del 70% de las extracciones globales de agua dulce. La disputa del siglo será entre el agua para comer y el agua y la energía para computar.
Los activos argentinos en juego
Argentina posee recursos formidables. El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA-CONICET por mandato de la Ley 26.639, registra 16.968 cuerpos de hielo sobre 8.484 km², la segunda superficie englazada de América del Sur después de Chile, distribuida en doce provincias y con un rol decisivo en la regulación hídrica de cuencas donde viven millones de argentinos.
El país cuenta con más de 9.300 kilómetros de fronteras terrestres, más de 5.100 kilómetros de litoral fluvial y marítimo, 156 pasos internacionales y un sistema de cuencas que estructura todo el territorio. Eliminar los límites a la titularidad extranjera sobre riberas, acuíferos, humedales, bosques nativos y zonas de frontera expone bienes comunes a control extraestatal, con riesgo de desplazamiento de comunidades campesinas y pueblos originarios —como ya ocurrió en Lácar, Neuquén—, penetración de actores ilegales y opacidad en las operaciones.
El impacto ambiental y la voz de la Iglesia
El proyecto agrava el cuadro ambiental: deroga el artículo 22 quáter de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que prohíbe por treinta años los desarrollos inmobiliarios sobre superficies incendiadas. En la práctica, quien quema, después construye. Se debilitan así los bosques nativos, el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071) y los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional.
Hasta la Iglesia lo ha dicho con claridad. La encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, firmada el 15 de mayo de 2026, advierte contra la concentración de datos, capital y capacidad normativa en pocas manos, y reafirma que los bienes de la creación se ordenan al bien común. La Pastoral Social, ENDEPA y Cáritas Argentina trasladaron esa doctrina al caso concreto: la reforma de la Ley 26.737 abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas.
“Nuestra posición estratégica y nuestros recursos deben servir para potenciar la calidad de vida del pueblo argentino, no para el enriquecimiento desmesurado de una oligarquía tecno-feudal. Defender la tierra, el agua y el territorio no es nostalgia: es la política de desarrollo más moderna que existe”, sostiene el autor. Porque en la era de la inteligencia artificial, quien controla la tierra controla el agua; quien controla el agua controla la energía; y quien controla ambas, controla el futuro.
