La Legislatura puso en marcha la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH), que tendrá como objetivo elaborar un Plan Integral de Prevención de Inundaciones.
El vicegobernador Miguel Acevedo firmó el decreto que oficializa a los legisladores que integrarán el comité. Se espera que la primera reunión se concrete a mediados de la próxima semana, una vez que se completen las designaciones de los demás sectores convocados.
La conformación del espacio quedó plasmada en el Decreto 25-HL-2026, que instrumenta la resolución aprobada por unanimidad en la sesión legislativa del 16 de abril. La Cámara facultó a Acevedo para constituir la comisión especial destinada al abordaje integral de la problemática hídrica y las inundaciones.
El cuerpo estará integrado por diez parlamentarios: seis titulares y cuatro suplentes. El pasado martes 5, el vicegobernador firmó el decreto que oficializa como titulares a Tulio Caponio, Alberto Olea, Christian Rodríguez, José Cano, Eduardo Verón Guerra y Roque Argañaraz. Como suplentes fueron designados Carlos Gallia, Walter Berarducci, Francisco Serra y Roberto Moreno.
Además de los legisladores, la resolución 20/2026 incorpora un delegado del Poder Ejecutivo y un suplente; representantes de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Tecnológica Nacional; integrantes de organismos técnicos provinciales vinculados a recursos hídricos, Defensa Civil y obras públicas; y un especialista en hidrología o ingeniería hidráulica, que actuará como asesor permanente.
La comisión contará con financiamiento de la Legislatura para desarrollar estudios técnicos en distintas cuencas hídricas, con el objetivo de elaborar proyectos de infraestructura que permitan gestionar financiamiento internacional para obras de prevención. También se buscará retomar y actualizar los trabajos realizados entre 2017 y 2019 sobre la problemática hídrica provincial.
El esquema de funcionamiento prevé reuniones periódicas al menos cada 15 días, y las decisiones se adoptarán por mayoría simple, con un quórum mínimo de la mitad más uno de sus integrantes. La normativa fija un plazo de 180 días corridos desde la constitución formal para la elaboración de un informe final, con posibilidad de prórroga si fuera necesario.
