La reciente decisión de la Justicia de desestimar la denuncia por violencia de género e institucional contra el concejal peronista Walter “Kabuby” Aráoz abre un interrogante necesario sobre los límites de la confrontación política en nuestra provincia. El caso, caratulado bajo el legajo N° S-023661/2026, no solo termina en un archivo judicial, sino que deja al descubierto una práctica que parece volverse peligrosamente frecuente: el uso de herramientas legales de protección social como armas de desgaste partidario.
La denuncia interpuesta por la concejal Gabriela Garolera fue contundente en su momento, pero la Justicia determinó que los hechos acusados eran inexistentes. Tras una defensa activa liderada por la Dra. Rosa Luz Casen, Aráoz ha pasado de la defensa al ataque discursivo, señalando que el daño sufrido trasciende lo político para impactar en lo más profundo de su ámbito familiar y profesional.
Este escenario nos obliga a reflexionar sobre dos ejes fundamentales para la salud democrática de nuestras instituciones:
El peligro de banalizar la violencia de género
La lucha contra la violencia de género es una de las conquistas más importantes de la última década en Argentina. Sin embargo, cuando se utiliza esta figura para intentar silenciar a un adversario político o para dirimir diferencias de criterio en un cuerpo deliberativo, se corre el riesgo de vaciar de contenido una causa urgente. Utilizar a la Justicia para “guerras de despacho” no solo es éticamente cuestionable, sino que satura un sistema que debería estar enfocado en proteger a víctimas en situaciones de riesgo real.
La resistencia del debate legislativo
El concejal Aráoz ha sido claro: se percibe como un blanco por su rol de opositor. Su afirmación de que “no lo silenciarán” pone el foco en el recinto. El Concejo Deliberante debe ser el espacio de la palabra, del disenso y de la idoneidad. La judicialización de la política suele ser el síntoma de una dirigencia que ha perdido la capacidad de debatir ideas con altura y prefiere buscar en los tribunales lo que no puede sostener con argumentos en la sesión.
La responsabilidad de los funcionarios públicos es doble. Por un lado, deben honrar los mecanismos de justicia y, por otro, deben ser guardianes de la ética en su ejercicio. La desestimación de esta denuncia devuelve a Aráoz su estatus de inocencia, pero el costo personal y el desgaste institucional ya han ocurrido.
Es hora de que la política en Tucumán regrese a los carriles de la discusión de propuestas. Las falsas denuncias no solo dañan a los individuos; dañan la credibilidad de un sistemaz
que los ciudadanos necesitan que funcione con absoluta transparencia y seriedad.
