La decisión del Gobierno de Tucumán de avanzar con la compra directa de un inmueble para la Junta Electoral Provincial (JEP) generó un fuerte rechazo en distintos sectores de la oposición, que cuestionaron tanto el destino de los fondos como el procedimiento elegido. Las críticas apuntan a la falta de obras hídricas de envergadura ante la proximidad de la temporada de lluvias y a la modalidad de adquisición.
La discusión reunió posiciones de La Libertad Avanza (LLA), Fuerza Republicana, Cambia Tucumán, Creo y la Unión Cívica Radical (UCR). El PRO, en cambio, planteó una mirada diferente: consideró que adquirir propiedades puede ser una inversión conveniente para el Estado si se enmarca en criterios económicos y presupuestarios razonables.
La Libertad Avanza apuntó contra Jaldo
Desde LLA Tucumán rechazaron la operación y cuestionaron al gobernador Osvaldo Jaldo por la administración de los recursos públicos. Sostuvieron que hay necesidades urgentes que deberían tener prioridad sobre la compra de una sede para el organismo electoral.
“En Tucumán, las prioridades están totalmente alteradas: sigue el despilfarro en gasto político, pero no hay obras para evitar inundaciones, ni inversión en escuelas, ni cloacas para los vecinos”, manifestaron desde el espacio.
Y agregaron: “Para la política, siempre hay plata; para resolver los problemas de los tucumanos, nunca”. Además, acusaron al mandatario provincial de mantener una agenda electoral permanente.
Bussi cuestionó la contratación directa
El legislador Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, centró sus objeciones en el mecanismo utilizado para concretar la compra. Reconoció que el funcionamiento permanente de la JEP puede justificar la necesidad de una sede propia, pero consideró que eso no habilita automáticamente la contratación directa.
“Ahora bien, esto no habilita la contratación directa”, advirtió. También puso en duda que el inmueble elegido sea la única alternativa disponible y cuestionó la magnitud de la inversión, que a su juicio debe analizarse en función de las necesidades económicas y sociales de la provincia.
“El gobernador acude una vez más a gambetear la ley, despilfarrando dinero, y dando las espaldas a los tucumanos”, afirmó.
Courel pidió priorizar las obras contra las inundaciones
Manuel Courel, de Cambia Tucumán, también cuestionó la oportunidad del gasto y el mecanismo de adquisición. Consideró que la compra debería haberse hecho mediante una licitación pública y que el Gobierno provincial tendría que concentrar sus recursos en obras de infraestructura.
“Primero, se debía hacer un llamado a licitación pública; segundo, ese gasto en este momento me parece completamente inoportuno”, expresó.
Courel vinculó su crítica con la llegada del verano y la posibilidad de que se repitan inundaciones en distintos sectores de Tucumán. “Ya está llegando el verano donde seguramente vamos a sufrir inundaciones como el verano pasado o tal vez peores. Está claro que las grandes obras que necesita Tucumán no se hicieron”, manifestó.
Como alternativa, propuso destinar recursos a la modernización del sistema electoral provincial, en particular al voto electrónico, que según su planteo permitiría reducir costos. “Ahí es donde se tendría que haber invertido la plata, en un sistema moderno de voto electrónico para ahorrar el millón de dólares”, afirmó.
Creo reclamó atender otras necesidades
Sebastián Murga, de Creo, coincidió en que la provincia debería fijar otras prioridades antes de encarar una inversión de estas características. Cuestionó los elevados costos asociados al funcionamiento electoral y sostuvo que los recursos deben orientarse a necesidades más urgentes.
“La provincia no está en condiciones de gastar un centavo. Hay antes otras prioridades en la provincia para las cuales se debe destinar esa plata”, expresó.
La UCR reclamó obras hídricas e independencia para la Junta Electoral
El presidente de la UCR de Tucumán, José Francisco “Lucho” Argañaraz, puso el foco en las obras necesarias para prevenir inundaciones y cuestionó el destino de los fondos.
“Gastar esa cifra en dólares cuando no se hacen obras hídricas de envergadura en Tucumán es faltar el respeto a la gente y alterar el orden de las prioridades”, sostuvo.
Argañaraz planteó que la provincia cuenta con edificios públicos que podrían acondicionarse para albergar a la Junta Electoral sin necesidad de comprar una nueva propiedad. También reclamó fortalecer la independencia del organismo: “Que sea un órgano verdaderamente independiente, no ganamos nada con que tenga un edificio nuevo si va a seguir siendo lo mismo”, manifestó.
El PRO defendió la compra de inmuebles con criterios de eficiencia
El presidente del PRO Tucumán, Benjamín Terraf, se diferenció de los demás referentes opositores y consideró que la adquisición de propiedades puede ser conveniente si se enmarca en una administración eficiente de los recursos. Sostuvo que contar con edificios propios permite reducir gastos de alquiler y fortalecer el patrimonio estatal.
“Desde el PRO Tucumán sostenemos que la provincia debe avanzar hacia una política de administración eficiente de sus recursos, con una visión estratégica que permita fortalecer y capitalizar progresivamente el patrimonio del Estado”, expresó.
Terraf propuso identificar los organismos provinciales que funcionan en inmuebles alquilados y analizar en cada caso si conviene adquirir la propiedad. “No se trata de aumentar el tamaño del Estado, sino de administrar mejor lo que tenemos, reducir gastos estructurales y transformar recursos públicos en patrimonio que permanezca para las próximas generaciones”, afirmó.
De todos modos, aclaró que ese tipo de operaciones debe responder a criterios de razonabilidad económica y sostenibilidad presupuestaria.
Un debate sobre prioridades y uso de los fondos públicos
La compra del inmueble para la Junta Electoral Provincial instaló una discusión sobre cómo deben utilizarse los recursos públicos y cuáles deberían ser las prioridades de inversión en Tucumán. Mientras algunos sectores rechazaron el gasto y cuestionaron la contratación directa, otros consideraron que la compra de edificios propios puede ser beneficiosa si existe una planificación adecuada.
El debate también incorporó planteos sobre la necesidad de avanzar con obras para prevenir inundaciones, modernizar el sistema de votación y fortalecer la autonomía institucional del organismo electoral. Con posiciones encontradas, la oposición puso bajo la lupa tanto el mecanismo de compra como el destino de los fondos provinciales.
