La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en consulta pública el proyecto de reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo clave de la reforma laboral que permitirá a las empresas cubrir futuras indemnizaciones por despido. La medida, que se espera entre en vigencia el 1° de noviembre, establece cómo se constituirán y administrarán estos fondos, con un esquema que incluye desde la elección de vehículos de inversión hasta la creación de un identificador único para cada empleador.
La iniciativa, contenida en la Resolución General N°1161, define los lineamientos para que las empresas, tanto pequeñas como grandes, canalicen sus aportes a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o fideicomisos financieros (FF), bajo supervisión de la CNV. Estos recursos provendrán exclusivamente de las contribuciones patronales derivadas a este régimen: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes.
Los fondos podrán ser administrados por un banco o una sociedad de bolsa, a elección del empleador, y los recursos acumulados solo podrán utilizarse para cubrir obligaciones en caso de despido, siendo inembargables. La CNV habilita dos tipos de vehículos: uno para una sola empresa, con una relación más fluida entre tesorería y gestora, y otro “multiempresas”, que concentra aportes de distintas compañías y se presenta como la principal vía para las pymes.
Sin embargo, en los fondos multiempresas se requiere que la tasa de despidos sea similar entre las empresas participantes para que los recursos se consuman de manera equitativa. Si una empresa despidiera más empleados que el promedio, podría agotar gran parte del fondo, dejando a otras sin liquidez suficiente cuando lo necesiten.
Cómo deberán instrumentarlo las empresas
La norma prevé que cada empleador elija su vehículo entre FCI y FF, pero también contempla la posibilidad de que no lo haga, como en el caso de una empresa con un solo empleado. En esa circunstancia, se realizará una asignación de oficio mediante un esquema rotativo entre administradores que hayan manifestado su voluntad de recibir a los empleadores indecisos. La compañía podrá cambiar de fondo si no está conforme con la asignación.
Entre los puntos centrales, se destaca la creación del ID FAL, un identificador único que permitirá individualizar la cuenta de cada empleador y asegurar la trazabilidad de los recursos. El esquema requerirá una operatoria específica y separada de las cuentas comitentes que las compañías ya tengan para otras inversiones.
Para participar, los fondos fiduciarios y los FCI deberán contar con una trayectoria de al menos diez emisiones y administrar un patrimonio mínimo de $50 millones de UVA. La regulación también establece un costo máximo del 1% anual sobre el patrimonio administrado, que se devengará diariamente, con el objetivo de fomentar la competencia entre bancos, sociedades gerentes y agentes del mercado de capitales.
Se incluyó además un mecanismo de portabilidad, mediante el cual las empresas podrán trasladar sus inversiones. Aunque se impone un plazo de permanencia de seis meses, el traspaso deberá realizarse en determinadas “ventanas” durante el año, que se espera que sean en junio y diciembre.
La CNV se muestra optimista ante la posibilidad de que los FAL comiencen a operar el 1° de noviembre, aunque aún restan las normativas complementarias de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y de la Secretaría de Trabajo. A partir de la puesta en marcha, habrá un período de seis meses para acumular recursos en el fondo y, desde mayo de 2027, comenzar a utilizarlos para pagar indemnizaciones.
