El Tribunal de Cuentas de Tucumán rechazó los recursos de revisión y los pedidos de prórroga de tres comunas rurales y ahora avanza con el cobro de cargos fiscales por $ 48.092.320,52. Las resoluciones, firmadas el 26 y 27 de octubre, alcanzan a Los Nogales, Santa Cruz y La Tuna, y La Trinidad.
Los expedientes corresponden a gastos de 2017, 2021 y 2022 que nunca fueron regularizados ante el organismo de control. En los tres casos, el tribunal ordenó que las actuaciones sigan su curso para recuperar los montos observados, que se actualizarán hasta la fecha de pago efectivo.
Los Nogales: ratifican un cargo de $ 27,2 millones
El expediente más abultado es el de Los Nogales. Allí el tribunal había declarado responsables patrimoniales solidarios al comisionado comunal Miguel Ángel Méndez y al secretario habilitado Juan Luis Bórquez.
Por el acuerdo N.º 5714, del 16 de diciembre de 2025, se formuló un cargo fiscal de $ 27.259.776,85 por no regularizar observaciones del quinto balance de 2022. Bórquez presentó el 21 de octubre un pedido de revisión con documentación en un bibliorato de 191 fojas.
El organismo consideró que el planteo llegó fuera del plazo de 30 días que fija la Ley de Administración Financiera, ya que la notificación del fallo se había producido el 17 de diciembre de 2025. Tampoco encontró fundamentos para tratarlo como recurso extraordinario de revisión.
Por eso lo rechazó por extemporáneo y ordenó dar intervención al departamento judicial para que el abogado fiscal Esteban Romano Norri continúe con la ejecución del cargo.
Santa Cruz y La Tuna: $ 8,4 millones que ya están en la Justicia
En Santa Cruz y La Tuna, la responsabilidad solidaria recayó sobre el comisionado comunal Enrique Antonio Valdez y el secretario habilitado Néstor Ariel González. El cargo, fijado por el acuerdo N.º 5718 de diciembre de 2025, asciende a $ 8.493.483,89 por observaciones sin regularizar en la rendición del quinto bimestre de 2021.
Los responsables no comparecieron en un primer momento ni presentaron la documentación requerida, lo que derivó en una declaración de rebeldía. González se presentó en septiembre de 2025 y pidió un plazo extra para completar los antecedentes, pero nunca aportó lo comprometido.
Con la resolución firme, el tribunal promovió una demanda judicial de apremio el 29 de abril de 2026 y el expediente registra una sentencia del 16 de junio de este año. Valdez había presentado documentación el 28 de mayo para pedir una revisión del cargo.
En el acuerdo N.º 4192, el tribunal calificó ese recurso como improcedente: llegó fuera de término y no impugnaba de forma concreta los fundamentos de la resolución original. Sostuvo que el fallo estaba firme y constituía título ejecutivo, por lo que la cuestión patrimonial ya estaba radicada en sede judicial. Dispuso que el abogado fiscal Bernardo Colombres siga con las actuaciones para ejecutar el cargo.
La Trinidad: rechazan una prórroga para justificar gastos de 2017
El tercer expediente es el de La Trinidad, con observaciones que se remontan a 2017. Por el acuerdo N.º 2620, del 7 de julio de 2026, el tribunal había declarado responsables patrimoniales al excomisionado comunal Julio César González y al exsecretario habilitado Juan Carlos Ortiz por irregularidades en el cuarto, quinto y sexto bimestre de ese año, con un cargo de $ 9.373.881,78.
En el mismo expediente responsabilizó a González, Ortiz y al exsecretario habilitado René Germán Correa por observaciones del segundo bimestre de 2017, con un cargo adicional de $ 2.965.178. Así, los cargos fiscales del expediente suman $ 12.339.059,78, sin contar actualizaciones.
Con las actuaciones ya en etapa de ejecución, González y Ortiz pidieron su sobreseimiento, una prórroga de 30 días hábiles para presentar documentación y la suspensión del trámite judicial de cobro. El acuerdo N.º 4167, del 26 de octubre, rechazó la solicitud.
El tribunal recordó que los plazos de la ley N.º 6970 son perentorios e improrrogables y que no corresponde reabrir etapas procesales una vez clausurado el juicio de cuentas y formulado el cargo. Ordenó que la abogada fiscal Agustina Bugeau continúe con las actuaciones para procurar el cobro.
Un problema que se repite en las comunas rurales
Las nuevas resoluciones se suman a otras actuaciones del Tribunal de Cuentas que vienen mostrando dificultades en la rendición de fondos públicos de las comunas rurales. El pasado 17 de octubre, cinco acuerdos fijaron cargos fiscales por más de $ 205,3 millones contra autoridades y exautoridades de Gobernador Piedrabuena; Los Bulacios y Los Villagras; San Pablo y Villa Nougués, y El Chañar.
Más recientemente, el organismo reconoció la devolución de $ 4,8 millones por parte de exfuncionarios de Villa de Leales, tras un procedimiento vinculado con la presentación de facturas apócrifas.
El panorama coincide con las advertencias que el propio tribunal formuló al examinar la Cuenta de Inversión 2025. En ese momento señaló que las 93 comunas rurales de Tucumán usaban “registros contables precarios” y carecían de sistemas que garantizaran información “confiable, precisa y oportuna”.
Aunque la presentación formal de las rendiciones llegaba al 99,10 %, persistían deficiencias estructurales en los mecanismos de registración y control de los recursos públicos.
