La administración de Javier Milei avanza con una nueva etapa de su reforma laboral: ahora busca modificar los convenios colectivos para establecer un único salario por actividad, sin diferenciación por categorías. La iniciativa se apoya en el “salario dinámico” incluido en la ley 27.802 y en el ingreso “mínimo garantizado” de $1.070.000 para todos los rubros, tal como adelantó El Destape.
La propuesta, que impulsa el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con el respaldo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, apunta a otorgar a los empleadores una mayor discrecionalidad en la relación con sus trabajadores. La idea es que todos los empleados de una misma rama cobren lo mismo, independientemente de la tarea que realicen, y que el ingreso final quede sujeto al criterio del empresario.
Este esquema se complementaría con el “salario dinámico”, una figura incorporada en el artículo 104 bis de la reforma laboral, que habilita a sumar componentes retributivos por encima de los salarios obligatorios, ya sea por acuerdos individuales o por decisión unilateral del empleador. Esos montos podrían modificarse o eliminarse sin que opere la continuidad tácita ni la ultraactividad.
El rechazo de los sindicatos
La iniciativa, sin embargo, necesita del aval de los gremios, que hasta ahora dicen desconocerla. Desde la CGT ya anticiparon una recepción negativa. “Las paritarias son soberanas y los convenios colectivos, también. La política, sea quien sea el que esté en el poder, no debe alterar el debate entre el capital y el trabajo y menos poner un cepo a los acuerdos entre empresas y sindicatos”, sostuvo Gerardo Martínez, líder de la Uocra y referente del área internacional de la central obrera.
La modificación apunta a transformar un mecanismo que lleva más de un siglo en la Argentina. El primer convenio colectivo se firmó en 1906, entre la Unión Tipográfica y las patronales, y ya entonces se establecían categorías diferenciadas por tipo de tarea y nivel de ingreso.
En un escenario ideal para el Gobierno, un trabajador que recién ingresa a un empleo formal cobraría este mes un “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 en bruto, unos 860 mil pesos de bolsillo, igual que cualquier compañero de su misma unidad, sin importar antigüedad ni especialidad. La diferencia salarial, en todo caso, surgiría de la aplicación del “salario dinámico”, que el empleador podría otorgar de manera unilateral y por el tiempo que considere.
El choque con la Constitución
Antes de la sanción de la ley 27.802, una iniciativa de este tipo hubiese chocado con el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que consagra el principio de “igual remuneración por igual tarea” y que, en sentido inverso, garantiza un pago mayor a quien realiza una labor más delicada. Con la reforma, además de habilitarse los “salarios dinámicos”, se invierten otros principios históricos de las negociaciones colectivas, como la progresividad de los derechos y la prevalencia de los acuerdos de menor nivel por sobre los de orden nacional.
El entusiasmo del Ejecutivo contrasta, no obstante, con los resultados obtenidos hasta ahora. Según reveló El Destape, de los 800 convenios colectivos convocados a renegociar sus términos bajo la reglamentación de la reforma laboral, que lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, solo un puñado acudió al llamado y lo hizo para ratificar las condiciones vigentes.
El fracaso fue tan notorio que el Gobierno debió emitir una aclaratoria de esa reglamentación, firmada por Santilli y Pettovello, aunque ni así logró sumar sectores. Uno de los principales obstáculos son las propias cámaras patronales, que vieron reducidos sus mecanismos de recaudación institucional con la primera reglamentación de Sturzenegger, que sigue vigente en ese punto.
