La Justicia de Tucumán rechazó el sobreseimiento de Fernando Rogel Chaler, exresponsable de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, en la investigación por la presunta venta ilegal de terrenos fiscales dentro de la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar. El juez Mario Velázquez también prorrogó por cuatro meses la custodia provincial de las tierras y habilitó la continuidad del expediente, que tiene siete imputados y donde se habrían comercializado alrededor de 60 parcelas.
La decisión judicial significa un nuevo avance en la causa conocida como Loteo Gaucho Castro, una de las más relevantes iniciadas a partir de las acciones del Gobierno provincial para recuperar inmuebles estatales ocupados de manera irregular en el Valle de Tafí.
El origen de la investigación
El caso empezó a tomar forma en noviembre de 2024, cuando personal provincial detectó durante una inspección la ocupación de un sector de la Reserva Natural La Angostura. Frente a esa situación, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó una serie de relevamientos para establecer la situación dominial de los terrenos.
Los estudios permitieron identificar un predio de aproximadamente nueve hectáreas donde particulares habían construido viviendas y desarrollado emprendimientos sobre superficies que, según la postura del Estado provincial, integran el patrimonio público.
Entre las ocupaciones detectadas surgió el denominado Loteo Gaucho Castro, un emprendimiento que llamó la atención porque varias de sus construcciones llevaban años en el lugar.
La hipótesis fiscal
La investigación encabezada por el fiscal Miguel Varela reconstruyó una presunta organización dedicada a subdividir y vender tierras fiscales mediante operaciones respaldadas con documentación y gestiones administrativas que habrían sido utilizadas para aparentar legalidad.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Juan Pablo Castro, un hombre de más de 70 años, se habría presentado como propietario de terrenos cuya titularidad reclama la Provincia. En ese contexto, Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, presuntamente lo habrían convencido de fraccionar el inmueble para ofrecer las parcelas a compradores particulares.
Los investigadores sostienen que ambos agentes habrían iniciado trámites ante la Dirección General de Catastro para respaldar las operaciones, aunque esos procedimientos administrativos nunca llegaron a completarse.
La pesquisa también alcanzó a Rogel Chaler y al excomisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, quienes habrían colaborado en distintas instancias de la maniobra investigada.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la comercialización de los lotes habría estado a cargo de Trujillo, Barreiro, Damián Romano, nieto político de Castro, y Yanina Mamaní, familiar de uno de los empleados mencionados.
En total, se habrían vendido cerca de 60 parcelas por montos que oscilaron entre los 15.000 y los 30.000 dólares cada una. Los compradores aseguraron que adquirieron los terrenos de buena fe y que la intervención de dependencias estatales les generó confianza sobre la validez de las transacciones.
Imputaciones y medidas judiciales
Con los elementos reunidos, la Fiscalía formuló cargos contra los siete involucrados por estafa y asociación ilícita. También se atribuyeron, según la participación individual investigada, delitos de usurpación, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Las imputaciones fueron admitidas judicialmente, aunque las responsabilidades penales de los acusados todavía deben determinarse.
Durante el expediente se dispusieron medidas para recuperar el inmueble, entre ellas el desalojo del predio y actuaciones sobre las edificaciones existentes. Luego la Justicia ordenó la restitución provisoria de las tierras a la Provincia, que quedó a cargo de su protección mientras continúa el proceso.
El nuevo capítulo judicial se produjo cuando los abogados María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Rogel Chaler, pidieron que su cliente fuera desvinculado definitivamente de la investigación. Argumentaron que, pese al tiempo transcurrido, no se habían incorporado pruebas suficientes para demostrar que el exfuncionario hubiera participado de las operaciones cuestionadas.
La auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi, en representación del equipo de Varela, se opuso al planteo y sostuvo que aún existen diligencias pendientes que podrían aportar información relevante sobre la intervención de los imputados. Entre las medidas mencionadas figuraron el análisis de nueva documentación y pericias sobre dispositivos de almacenamiento de información, cuyos turnos habían sido programados para febrero.
La Fiscalía consideró prematuro disponer un sobreseimiento cuando todavía quedan pruebas por producir y hay elementos recientes que requieren evaluación. La postura fue respaldada por José María Molina y Horacio Geria, abogados de la Fiscalía de Estado, que interviene como querellante en representación de los intereses provinciales. Los profesionales coincidieron en que la evidencia incorporada recientemente podría resultar determinante para establecer el grado de participación de los acusados, incluido Rogel Chaler.
Después de escuchar a las partes, el juez Velázquez rechazó el pedido de sobreseimiento y mantuvo al exfuncionario sujeto al proceso. En la misma decisión, prorrogó por otros cuatro meses la medida que permite a la Provincia conservar la custodia de los terrenos recuperados y pidió a la acusación, la querella y las defensas agilizar las actuaciones pendientes para evitar nuevas demoras en una investigación iniciada hace casi dos años.
En otra audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el expediente fuera declarado causa compleja debido a la cantidad de imputados, la diversidad de delitos investigados y el volumen de documentación y pericias que aún deben analizarse. La Fiscalía de Estado acompañó el requerimiento y el juez Velázquez hizo lugar al planteo, habilitando la continuidad de la investigación hasta marzo.
Con estas resoluciones, la causa por el Loteo Gaucho Castro seguirá abierta mientras se completan las medidas probatorias para esclarecer cómo se habrían comercializado terrenos pertenecientes al Estado y qué responsabilidad pudo corresponderles a los particulares y exfuncionarios involucrados. También queda pendiente la situación de quienes compraron las parcelas y construyeron viviendas convencidos de que las operaciones eran legítimas, mientras la Provincia sostiene su reclamo sobre la propiedad de las tierras ubicadas dentro de la reserva natural.
