Diego Zerda será juzgado por la muerte de Karla Robles, la joven que se quitó la vida en octubre de 2025 tras, según la investigación del Ministerio Público Fiscal, padecer un prolongado ciclo de violencia física, psicológica e instigación al suicidio. La Fiscalía anticipó que solicitará una pena de seis años de prisión por los delitos de instigación al suicidio y amenazas simples, mientras que la querella respaldó el planteo y estimó que el caso podría derivar en la primera condena de cumplimiento efectivo en Tucumán por este tipo de delito.
La acusación fue presentada por la Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. En la audiencia de apertura a juicio, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma informó que la pretensión punitiva será de seis años de prisión y detalló parte de las pruebas que se incorporarán durante el debate oral, entre ellas los testimonios de policías que participaron en la pesquisa y de peritos informáticos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes expondrán sobre los análisis de teléfonos celulares, registros audiovisuales y capturas de pantalla incluidos en el expediente.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la relación entre Robles y Zerda comenzó en 2020 y estuvo signada desde el inicio por episodios de violencia física y psicológica. Familiares y allegados de la víctima declararon que, desde 2022, la joven denunció en reiteradas ocasiones que era golpeada, amenazada, maltratada y hasta instigada por Zerda para atentar contra su propia vida.
Como consecuencia de esas presentaciones judiciales, se habían dictado medidas de restricción de acercamiento a favor de la víctima, aunque, según la investigación, el acusado no las respetó.
Para la Fiscalía, el hostigamiento fue en aumento durante los cinco años de vínculo hasta desembocar en el desenlace del 24 de octubre de 2025. La teoría del caso sostiene que Zerda, mediante un accionar sistemático, persuadió intencionalmente a Robles para que se quitara la vida.
La transmisión en vivo y el mensaje previo
Los investigadores reconstruyeron que esa madrugada, alrededor de las 3.20, la joven inició una transmisión en vivo a través de TikTok y compartió el enlace con personas de su entorno. Durante esa emisión se despidió de sus seres queridos, expresó que estaba cansada y que no hallaba una salida a la situación que atravesaba. Antes de quitarse la vida, manifestó: “Esto lo hago para proteger a mi familia”. Luego se ahorcó con una soga.
La investigación también sumó un episodio ocurrido minutos después del fallecimiento. Según la acusación, Zerda envió un mensaje al hermano de la víctima en el que, además de desligarse de responsabilidades por la muerte de Karla, lanzó amenazas contra él y su familia. Ese hecho motivó la imputación adicional por amenazas simples.
Imputación y avance del proceso
Zerda fue formalmente imputado el 31 de octubre de 2025 como presunto autor de instigación al suicidio y amenazas simples. Tras la audiencia realizada esta semana, el juez Facundo Maggio hizo lugar al requerimiento de apertura a juicio y ordenó que en los próximos días se designe al magistrado que integrará el tribunal unipersonal y se fije la fecha de inicio del debate oral.
La querella, representada por los abogados Augusto Avellaneda y Benjamín Visuara, acompañó en su totalidad la solicitud de la Fiscalía. Avellaneda explicó que la pena requerida corresponde al máximo previsto por la legislación vigente: cinco años por instigación al suicidio y un año por las amenazas dirigidas al hermano de la víctima.
El letrado anticipó además que la defensa oficial buscará sostener que Zerda es inimputable por padecer problemas psiquiátricos, psicológicos y de consumo de sustancias, argumentando que sus conductas eran consecuencia de esas adicciones.
La postura de la querella
No obstante, la querella considera que la prueba reunida durante la investigación resulta contundente. Según Avellaneda, la causa cuenta con audios, mensajes y otras evidencias que demostrarían cómo el acusado sometía a Karla a un permanente proceso de manipulación psicológica, convenciéndola de que la única manera de proteger a su familia era terminar con su vida.
El representante legal de la familia también cuestionó la actuación previa de la Justicia frente a las denuncias de la víctima. Recordó que desde 2021 se habían presentado denuncias por instigación al suicidio, lesiones, amenazas de muerte e incumplimiento de las restricciones de acercamiento, pero aseguró que todas fueron archivadas o no prosperaron.
En ese sentido, sostuvo que existió una responsabilidad estatal por la falta de activación de los protocolos de protección para víctimas de violencia de género. Según afirmó, Karla nunca pidió que Zerda fuera encarcelado, sino que reclamó medidas que garantizaran su seguridad.
La querella estima que el juicio oral podría comenzar durante este mes y considera que el proceso sentará un precedente en la jurisprudencia provincial sobre el delito de instigación al suicidio. Según Avellaneda, la expectativa es que el debate concluya con una condena de cumplimiento efectivo, una decisión que marcaría un antecedente inédito en Tucumán para este tipo de causas.
