El principal acusado por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, conocido como “El Militar” Sosa, rompió el silencio y negó haberla matado en una audiencia que sorprendió a los presentes. Tras cinco meses sin declarar, Sosa aseguró: “Que quede en claro que no maté a Érika”.
La causa, a cargo del fiscal Pedro Gallo, sostiene que la joven fue asesinada a golpes el 7 de enero en la vivienda donde residía Sosa, y que luego su cuerpo fue colocado en una bolsa de residuos y abandonado en un descampado de Manantial Sur. Además de Sosa, están procesados por encubrimiento su expareja Justina Gordillo, su amigo Nicolás Navarro Flores y su empleado Jorge “Chicho” Díaz.
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma informó que las pruebas periciales descartaron la participación de otras personas en el homicidio, ya que solo se detectaron rastros genéticos de Sosa. Tras escuchar esa exposición, el imputado declaró: “No pude haberla matado. No tenía vínculos con ella. La última vez que estuve con ella fue en mayo de 2024. Estaba totalmente solo”.
El abogado querellante Carlos Garmendia, en representación de la familia de la víctima, interpretó la declaración como parte de una estrategia defensiva. Recordó que la defensa anticipó que intentaría demostrar que Érika mantenía una relación comercial vinculada a la venta de drogas con Sosa, mediante comprobantes de transferencias bancarias que aún no fueron incorporados al expediente. También señaló que otro eje es cuestionar la autopsia, buscando instalar que la muerte no fue consecuencia de la golpiza atribuida al acusado.
Por su parte, Marcelo Cosiansi, defensor de Sosa junto con Nicolás Ruiz Flores, consideró que la audiencia fue un avance importante. Afirmó que incorporaron informes de especialistas forenses de reconocimiento nacional que contradicen la autopsia oficial, por lo que la verdadera causa de la muerte sigue siendo un aspecto abierto al debate judicial. Cosiansi añadió que el proceso debe centrarse en esclarecer las cuestiones médico-legales pendientes.
El rol de los otros imputados
El Ministerio Público también precisó la participación de los demás procesados. Según la Fiscalía, Justina Gordillo colaboró en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros, la fuga de Sosa y el manejo de sus cuentas. A Nicolás Navarro Flores se le atribuye haber participado en la desaparición de dos bolsas con la ropa y el teléfono de la víctima, y haber ofrecido una propiedad familiar para ocultar el cadáver. Jorge Orlando Díaz, en tanto, habría limpiado la vivienda donde ocurrió el femicidio y ayudado a ocultar el cuerpo.
Las defensas de los acusados cuestionaron la reformulación de cargos. María Florencia Abdala, representante de Gordillo, calificó la acusación como “sumamente cuestionable” por falta de precisiones. Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, coincidió, mientras que Patricio Char, abogado de Navarro Flores, no formuló objeciones.
El juez Bernardo L’Erario Babot validó la reformulación de la acusación, lo que permite que la causa avance hacia un juicio oral. Allí se debatirá la responsabilidad penal de los imputados y las distintas hipótesis sobre la mecánica del crimen y la causa de la muerte de Érika Antonella Álvarez.
