La industria azucarera de Tucumán comenzó a recuperar su ritmo de producción luego de las restricciones en el suministro de gas natural provocadas por la ola de frío, que golpearon con mayor dureza a los establecimientos sin estrategias preventivas de abastecimiento. El encarecimiento del combustible importado, agravado por la crisis geopolítica internacional, sumó presión a un sector que ya enfrenta uno de los inviernos más complejos de los últimos años.
Mientras el Gobierno nacional destacó que logró evitar cortes en el suministro domiciliario, las industrias del Litoral, Córdoba y el Noroeste sufrieron restricciones de hasta el 70% en el gas, lo que impactó directamente en sus niveles de actividad. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la empresa estatal Enarsa cerrará este año la compra de 28 barcos de Gas Natural Licuado (GNL) por más de U$S 1.100 millones, un 50% más que en 2025.
El informe detalla que el gas de producción nacional cuesta alrededor de U$S 4,50 por millón de BTU, mientras que el GNL importado ronda los U$S 18 por la misma unidad, una diferencia que la mayoría de las industrias no puede absorber. En ese contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó la convocatoria del comité de emergencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas para definir quién debe afrontar los sobrecostos.
Para el CEPA, el pedido de la UIA no es solo técnico, sino que representa una disputa sobre la distribución de los costos del invierno. Si las restricciones se deben a problemas de transporte, corresponde a las distribuidoras; si son de carácter comercial, deben intervenir transportistas, distribuidoras, el Enargas, la Secretaría de Energía, Cammesa y Enarsa. La consultora cuestionó que el Gobierno no haya convocado aún ese comité y lo atribuyó a una decisión política.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, sostiene que la industria debe comprar el gas regasificado a su costo real, mientras que el secretario coordinador Daniel González defiende esa postura como una forma de transparentar precios para que cada actor tome decisiones de mercado. El CEPA, en cambio, rechaza que haya escasez de gas en el país: la producción nacional se mantiene elevada, pero el problema radica en las limitaciones de transporte y en la arquitectura del sistema de comercialización.
Según el informe, la Resolución 66/2026 reorganizó el abastecimiento para priorizar el flujo de Vaca Muerta, pero dejó expuesto al norte del país mientras no se construya el gasoducto Tratayén-La Carlota. Así, se da una paradoja: hay gas disponible en Neuquén y siguen llegando buques con GNL a los puertos, pero numerosas industrias del norte, incluidos los ingenios tucumanos, tienen dificultades para acceder al suministro.
El documento agrega que el Gobierno eliminó el rol de Enarsa como proveedor de última instancia sin desarrollar un mercado que lo reemplace, obligando a cada empresa a resolver sus necesidades energéticas por su cuenta. La UIA propuso que el Estado cubriera el 50% del costo del GNL importado durante el invierno y la industria el otro 50%, pero el Ministerio de Economía rechazó la iniciativa.
Para el CEPA, el invierno de 2026 evidenció una tensión no resuelta entre la lógica de mercado y la planificación estatal. La entidad considera que la estrategia oficial privilegió el mercado, pero ese esquema no respondió adecuadamente a las necesidades del norte argentino. El informe advierte que, sin nuevas obras de infraestructura que conecten Vaca Muerta con el NOA, sin un esquema de transición regulatoria y sin protección frente a la volatilidad de los precios internacionales, las dificultades que afectaron a la producción este invierno podrían repetirse en los próximos años.
