El Poder Ejecutivo extendió la emergencia eléctrica hasta fines de 2027 mediante el DNU 585/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida abarca generación, transporte y distribución de energía bajo jurisdicción federal, y permite al Gobierno seguir fijando tarifas y continuar con la reducción de subsidios.
El decreto argumenta que “persisten aún las circunstancias que motivaron” la emergencia inicial, declarada en diciembre de 2023 y prorrogada en 2024 y 2025. El Gobierno subrayó que la normalización del mercado eléctrico “todavía se encuentra en desarrollo”.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Energía para reorganizar el sistema y adecuar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Los fundamentos técnicos
En los considerandos, el Ejecutivo destacó que, pese a avances en la recomposición de la cadena de pagos y la reducción de subsidios, las condiciones técnicas y regulatorias aún requieren herramientas excepcionales. El decreto remarca que durante el pico de demanda de febrero de 2025 se registraron 30.257 megavatios, con un margen de reserva de apenas 4,4%, considerado insuficiente para afrontar contingencias.
Además, más del 60% de las fallas en distribución ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, y las estaciones transformadoras operan con niveles superiores al 90% de utilización. Otro argumento central es la necesidad de coordinar la emergencia eléctrica con la del gas natural, prorrogada hasta la misma fecha mediante el Decreto 49/2026.
El Gobierno enfatizó la “interdependencia operativa y económica” entre ambos sistemas, ya que el gas natural es un insumo crítico para la generación térmica. Mantener plazos diferentes podría generar “desfasajes regulatorios y operativos” que afectarían la seguridad del abastecimiento.
Objetivos de la prórroga
El DNU apunta a consolidar la normalización del MEM y continuar con la reducción gradual de los subsidios energéticos generalizados, reemplazándolos por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Entre los objetivos se incluye fortalecer la cadena de pagos, sostener inversiones en infraestructura y garantizar tarifas “justas y razonables” para los usuarios, en línea con la Ley 24.065.
El Ejecutivo también destacó la necesidad de promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad para alentar inversiones privadas que aseguren el suministro a largo plazo.
La prórroga busca coordinar decisiones regulatorias, operativas y tarifarias en un marco de transición que aún no concluyó. “La mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia”, sostiene el decreto.
