El nombre de la ciudad de Famaillá se repite una y otra vez en los expedientes que se abren por narcotráfico. Para los investigadores ya no es una casualidad, sino que forma parte de uno de los tantos caminos de la ruta narco de Tucumán.
El 17 de agosto de 2003, Adrián Mansilla fue visto por última vez en la zona de la ex Terminal de Ómnibus. Un grupo de hombres lo obligó a subir a su auto. Luego de semanas sin que la investigación avanzara, Carlos “Pirucho” Chávez contó que él integraba esa patota y que, después de secuestrar a la víctima, la llevaron hasta el paraje de Sauce Guacho, donde la mataron y enterraron. Identificó a Miguel Ángel “Piki” Orellana, hermano de José y Enrique Orellana, como el ideólogo del plan y señaló a las otras seis personas que participaron en el hecho.
Un caso polémico
La investigación del caso fue polémica. Denuncias cruzadas, cambios de fiscales, acusaciones de sobornos, acuerdos millonarios y hasta el desplazamiento de los investigadores que llegaron a la verdad formaron parte del expediente. El juicio se desarrolló cinco años después y, a pesar de que todos los acusados fueron condenados, nunca se conoció con certeza el verdadero móvil del crimen.
Mansilla trabajaba para Orellana. Sus familiares, antes de renunciar a la querella tras haber llegado a un millonario acuerdo económico, dijeron que el joven viajaba en reiteradas oportunidades a Buenos Aires y regresaba con misteriosos paquetes que podrían haber contenido droga. Extraoficialmente, siempre se pensó que la víctima se habría apoderado de una importante cantidad de cocaína y que esa habría sido la razón por la que decidieron matarlo.
Un caso impune
Río Colorado está muy cerca de Famaillá. Esa localidad fue escenario de un doble homicidio que aún permanece impune. El 30 de marzo de 2015, los sargentos Alberto Valdez y Ángel Véliz, pese a no estar prestando servicios, recibieron un llamado de un vecino porque algo extraño estaba ocurriendo en la entrada del pueblo. Se subieron a una moto y fueron hasta el lugar. Llegaron a un refugio ubicado sobre la ruta 157 y se toparon con un auto negro. No tuvieron tiempo de reaccionar: fueron acribillados con pistolas nueve milímetros. El caso fue conocido como “El crimen de los guardianes”.
La fiscala Adriana Reynoso Cuello estuvo al frente de la investigación e imputó por homicidio a Sebastián Jaime, José Acosta y Juan Carlos Tártalo. “Le voy a decir la verdad: esas personas no tienen nada que ver”, dijo Jaime mientras señalaba a los también imputados Tártalo y Acosta. “No dije la verdad porque fui amenazado por Nicolás Orellana y Samuel Morales (hijo y ex yerno de ‘Piki’ Orellana, respectivamente)”, advirtió, generando asombro en la sala de audiencias.
Los mencionados fueron citados a declarar y negaron la acusación. Un tribunal condenó a Jaime y absolvió a los otros dos acusados. También ordenó que se reabriera la investigación contra Orellana y Morales. Pero la fiscala Reynoso Cuello poco pudo hacer. El paso del tiempo y el miedo de los habitantes de Río Colorado terminaron sellando la impunidad en “El crimen de los guardianes”.
Un prófugo
Claudio Ávalos, de un día para el otro, se transformó en un empresario dedicado al transporte y al alquiler de maquinaria vial que habría realizado trabajos para el municipio de Famaillá. Sin embargo, en noviembre de 2021 fue detenido en Bolivia, acusado de secuestrar a un proveedor de cocaína que supuestamente lo había engañado en una operación vinculada con una importante cantidad de droga. Fue procesado y, pese a ser extranjero, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. En marzo de 2022 se escapó de la vivienda que había alquilado.
La primera semana de julio de ese año, efectivos de la ex Brigada lo detuvieron mientras caminaba por su ciudad natal. Al constatar sus antecedentes, informaron a las autoridades bolivianas sobre su captura y solicitaron la documentación necesaria para concretar su extradición. También les advirtieron que, según la normativa vigente, no podían retenerlo más de 48 horas. Los plazos vencieron y, ante la falta de documentación, tuvieron que liberarlo. Nunca más se supo oficialmente de él, aunque muchos famaillenses aseguran haberlo visto en la ciudad después de esos días.
Últimos casos
Lucas Nazaré Córdoba (34) fue detenido en mayo de 2024, acusado de comercialización de estupefacientes en Famaillá. El fiscal Diego Hevia logró que fuera procesado por ese delito, pero no pudo evitar que le otorgaran el arresto domiciliario por cuestiones de salud, ya que padece problemas de hipertensión. A la causa sólo le faltaban los informes derivados del análisis del teléfono celular que le habían secuestrado.
Cuando el fiscal Carlos Sale -que reemplazó a Hevia en la Unidad Fiscal de Narcomenudeo del Sur- recibió los resultados de esa pericia, descubrió que Córdoba podría haber sido en realidad un distribuidor de estupefacientes a gran escala en todo el sur provincial. Basó su hipótesis en las fotografías halladas en el dispositivo, donde aparecían importantes cantidades de droga. Ante ese escenario, solicitó una audiencia para que se revocara el beneficio del arresto domiciliario, por considerar que existía riesgo de fuga, y además promovió que la causa pasara a la órbita de la Justicia Federal.
José “Pelaín” Nassif es el último nombre de una persona oriunda de esa ciudad que fue detenida en una causa vinculada al narcotráfico. Fue señalado como supuesto proveedor de sustancias para redes de narcomenudeo. Ahora los investigadores intentan determinar si tuvo algún tipo de participación en el traslado de los 470 kilos de cocaína que acaban de ser incautados.
