El Gobierno de Tucumán incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una cláusula que podría abrir un frente de conflicto con los otros poderes del Estado. Se trata del artículo 29, que obliga a que las modificaciones de las partidas presupuestarias de la Legislatura, la Justicia y los organismos descentralizados y autárquicos se ajusten a los lineamientos de la ley provincial.
La iniciativa, impulsada por la administración de Osvaldo Jaldo, fue remitida a la Legislatura el 28 de octubre. El texto contempla gastos totales por $ 7,35 billones y proyecta un superávit fiscal de $ 304,5 millones para el próximo ejercicio. Lleva las firmas del gobernador y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
El artículo establece que las modificaciones dispuestas por las autoridades de los organismos descentralizados y autárquicos, así como por los poderes Legislativo y Judicial, deberán respetar las disposiciones de la ley de presupuesto y las normas complementarias. La redacción reconoce las atribuciones propias de cada organismo para administrar sus recursos, pero introduce la obligación de encuadrar cualquier cambio dentro de los criterios fijados por la legislación presupuestaria.
En términos administrativos, la disposición busca establecer un marco común para los ajustes que puedan realizarse durante el ejercicio sobre las asignaciones originalmente aprobadas. Sin embargo, algunos legisladores interpretaron que la iniciativa representa un intento del Poder Ejecutivo de incrementar su capacidad de condicionamiento sobre las decisiones financieras de los otros poderes.
La preocupación se centra en los posibles efectos sobre la autonomía presupuestaria de la Legislatura, la Justicia y los organismos que cuentan con facultades propias para administrar sus fondos. Por el momento, esas observaciones no se tradujeron en cuestionamientos formales dentro de la comisión de Hacienda y Presupuesto, debido a que el proyecto todavía no comenzó a ser analizado por sus integrantes.
El debate en la comisión de Hacienda
El tratamiento estará a cargo de la comisión presidida por el legislador Carlos Gallia, donde se espera que los representantes de los distintos bloques examinen tanto las previsiones de ingresos y gastos como las disposiciones administrativas incorporadas al articulado. La agenda parlamentaria contempla una sesión inmediata y la posibilidad de otra convocatoria durante la semana siguiente, por lo que se estima que la discusión específica del Presupuesto 2027 podría comenzar durante la última semana de noviembre.
La eventual controversia no sería un hecho aislado. En ejercicios anteriores, el Gobierno provincial también presentó propuestas destinadas a establecer condiciones sobre la utilización y transferencia de fondos correspondientes a otros poderes y organismos de control.
Uno de los antecedentes más recientes se produjo durante la elaboración del presupuesto del año anterior, cuando el Ejecutivo intentó vincular las transferencias mensuales a esos organismos con la recaudación efectiva de Rentas Generales. Ese mecanismo habría condicionado la disponibilidad de recursos a los ingresos que efectivamente obtuviera la administración provincial durante cada período. Sin embargo, la propuesta fue modificada durante su análisis en la comisión legislativa.
Los parlamentarios establecieron que las transferencias destinadas a los poderes Legislativo y Judicial, los ministerios Fiscal, Pupilar y de la Defensa, y los tribunales de Cuentas y Fiscal debían realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes. De esa manera, se eliminó el condicionamiento relacionado con la evolución de la recaudación provincial y se mantuvo el régimen de transferencias previsto por las normas correspondientes. La modificación quedó incorporada a la Ley 9.942, actualmente vigente, y constituyó un antecedente de la intervención de la Legislatura para revisar las condiciones financieras propuestas por el Ejecutivo.
Excedentes y remanentes
Otro aspecto que volvió a incluirse en el proyecto para 2027 está relacionado con el tratamiento de los fondos que los organismos no hayan utilizado al finalizar el ejercicio presupuestario. Desde el Presupuesto 2025, la legislación provincial contempla que los recursos no ejecutados y/o devengados que permanezcan depositados en las cuentas bancarias de los otros poderes y organismos autárquicos al cierre del año sean considerados excedentes financieros. Esos montos deben incorporarse como recursos remanentes para su utilización al comienzo del ejercicio siguiente.
La disposición también había provocado diferencias cuando fue presentada por primera vez, principalmente por la forma en que se encontraba redactada y las interpretaciones que podían realizarse sobre el destino de los saldos disponibles. Pese a esas discusiones iniciales, el mecanismo continuó formando parte de los presupuestos posteriores y fue nuevamente incorporado en el proyecto que el Gobierno envió a fines de octubre.
En este contexto, el nuevo artículo 29 se suma a una serie de disposiciones mediante las cuales la administración provincial busca establecer reglas para la gestión de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal. La diferencia es que, en esta oportunidad, el debate podría concentrarse específicamente en los límites que tendrán las autoridades de los otros poderes para modificar sus propias partidas.
El alcance concreto de la medida dependerá de la interpretación que se realice de su redacción y de las modificaciones que eventualmente introduzca la Legislatura durante el tratamiento del proyecto. La iniciativa no establece en el texto citado una prohibición absoluta de modificar presupuestos ni dispone que todas las decisiones deban contar con autorización previa del Ejecutivo. Sin embargo, la referencia expresa al cumplimiento de los lineamientos de la ley abrió interrogantes entre legisladores sobre las restricciones que podrían derivarse de su aplicación.
Al presentar el Presupuesto 2027, Jaldo destacó las dificultades económicas y financieras que enfrentó la administración provincial para elaborar las previsiones del próximo año. El proyecto contempla un volumen de gastos de $ 7,35 billones y un resultado fiscal positivo de $ 304,5 millones, cifras que constituyen la base del programa financiero que el Gobierno pretende ejecutar durante 2027.
Más allá de esos números, la discusión legislativa podría adquirir una dimensión institucional por la necesidad de definir hasta dónde pueden extenderse las reglas generales de administración presupuestaria sin afectar las competencias de los otros poderes. La comisión de Hacienda y Presupuesto tendrá la posibilidad de mantener el artículo tal como fue remitido, modificar su alcance o eliminarlo, como ocurrió con otras disposiciones que generaron diferencias en ejercicios anteriores.
Por ahora, el oficialismo no inició formalmente el debate sobre este punto y tampoco se registraron pronunciamientos institucionales de los poderes y organismos alcanzados por la nueva disposición. La discusión comenzará cuando los legisladores examinen el articulado y determinen si las condiciones propuestas por el Ejecutivo resultan compatibles con la autonomía administrativa y financiera que corresponde a cada organismo.
Así, el Presupuesto 2027 no sólo pondrá en debate la distribución de los recursos provinciales, sino también las facultades de los distintos poderes del Estado para decidir sobre su utilización a lo largo del próximo año.
