Tucumán superó la tonelada de cocaína incautada en lo que va de 2026 y las autoridades observan con preocupación una posible reconfiguración de las rutas del narcotráfico en el noroeste argentino. La provincia acumuló 1.014 kilos en los primeros diez meses del año, según un relevamiento de procedimientos de Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales.
El dato ubica a Tucumán solo por detrás de Salta, donde se decomisaron 2.029 kilos. Más atrás quedaron Jujuy, con 459 kilos; Santiago del Estero, con 343, y Catamarca, con 133. La comparación interanual marca una diferencia llamativa: mientras los secuestros tucumanos retrocedieron apenas un 1,3% respecto de los 1.027 kilos de 2025, Salta y Jujuy registraron caídas del 46,4% cada una. Santiago del Estero bajó un 74,1% y Catamarca, un 67,6%.
Más droga por operativo
El volumen total no es el único dato que cambió. Durante 2025 hubo 34 operativos con un promedio de 30,2 kilos por intervención. En los primeros diez meses de 2026 se realizaron 23 procedimientos, pero el promedio trepó a 44,1 kilos, un incremento cercano al 46%. Es decir, hubo menos operativos, pero los cargamentos interceptados fueron considerablemente mayores.
Entre los golpes más fuertes del año se destacó el secuestro de 470 kilos de cocaína que eran transportados en una camioneta hacia Atahona, en el sudeste tucumano. Los investigadores analizan la posibilidad de que ese cargamento haya ingresado antes por un vuelo clandestino, una hipótesis que tomó fuerza por los cambios detectados en las modalidades del tráfico regional.
Otro procedimiento relevante se desarrolló sobre la denominada Ruta de los Valles, un corredor montañoso que habría sido utilizado para llevar 48 kilos de cocaína con destino a Simoca. Allí, personal de Gendarmería Nacional interceptó la carga y frustró el traslado.
El tercer caso de peso involucró a dos mujeres bolivianas que habían llegado hasta San Pedro de Colalao para recibir tres kilos de cocaína de personas cuya identidad no fue precisada. Según la investigación, ambas pretendían llevar la droga a Buenos Aires, pero fueron detenidas en un control en el peaje de Molle Yaco.
La falta de estadísticas unificadas
Las cifras surgen de una recopilación de procedimientos informados por las distintas fuerzas, pero no existe una base nacional pública y unificada. Cada institución administra sus propios registros y los datos federales no siempre contemplan los operativos de las policías locales. Esa ausencia de información homogénea complica la planificación de políticas de seguridad.
El secretario de Lucha contra el Narcotráfico de Tucumán, Jorge Dib, advirtió que esa falta de datos obliga a las autoridades a diseñar estrategias con estadísticas parciales. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, atribuyó la continuidad de los resultados provinciales al Operativo Lapacho, un dispositivo de vigilancia permanente sobre los límites de Tucumán que funciona los 365 días del año.
Girvau explicó que en los últimos meses se intensificó la coordinación con Gendarmería Nacional y la Policía Federal para distribuir controles y reforzar la vigilancia sobre los principales corredores usados para transportar estupefacientes. Como ejemplo, mencionó el fortalecimiento de los operativos en el puesto de 7 de Abril, en el límite con Santiago del Estero, y sostuvo que esa estrategia también favoreció el aumento de los secuestros de marihuana y cocaína en el departamento santiagueño Pellegrini, donde se implementaron controles similares.
Según Girvau, el gobernador Osvaldo Jaldo instruyó a las autoridades de seguridad para promover la aplicación de este modelo de vigilancia en otras provincias del NOA.
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La evolución de los decomisos dejó dos interpretaciones. Mientras las autoridades tucumanas consideran que los secuestros reflejan la efectividad de los controles, otros funcionarios entienden que también podrían evidenciar un desplazamiento de las actividades del narcotráfico hacia el interior del NOA.
El fiscal federal salteño Ricardo Toranzos había advertido que el funcionamiento de las organizaciones dedicadas al transporte de estupefacientes comenzó a modificarse a partir de la puesta en marcha del Plan Güemes y del anuncio del Operativo Roca, que todavía no se encontraba operativo. Entre los cambios identificó un presunto incremento de los vuelos clandestinos utilizados para trasladar cocaína hacia sectores del sur de Salta, próximos a los límites con Tucumán y Santiago del Estero. Las aeronaves podrían aterrizar en pistas improvisadas o arrojar cargamentos en lugares previamente establecidos para su posterior traslado por tierra.
Rodolfo Zigarán, interventor de Aguas Blancas, consideró que el aumento relativo de los secuestros en Tucumán podría ser una señal de que las organizaciones criminales están modificando sus circuitos de distribución. Cuestionó los resultados del Plan Güemes y reclamó una revisión urgente de su funcionamiento, al advertir sobre el riesgo de que Tucumán se transforme en un centro de almacenamiento y redistribución de estupefacientes.
Dib reconoció que la modificación de los corredores utilizados por los traficantes es uno de los principales desafíos actuales. Sostuvo que Jaldo planteó inicialmente esta problemática ante las autoridades nacionales y que luego otros gobernadores del noroeste se sumaron a los reclamos, aunque afirmó que todavía no se obtuvieron las respuestas esperadas.
En ese contexto, el funcionario confirmó que trabajó junto con la diputada nacional Eliana Bruno, de La Libertad Avanza, en una iniciativa legislativa para establecer un régimen de derribo de aeronaves vinculadas con vuelos ilegales. La propuesta fue presentada ante los ministerios nacionales de Seguridad y Defensa, según indicó Dib, quien relacionó la necesidad de esa herramienta con el presunto incremento de los vuelos usados para transportar drogas en la región.
Desde la conducción policial tucumana anticiparon que los próximos pasos apuntarán a reforzar la vigilancia fronteriza, mejorar el intercambio de información con otras fuerzas y ampliar el uso de herramientas tecnológicas para detectar movimientos sospechosos. Girvau señaló que los operativos deberán modificarse constantemente para responder a los cambios de estrategia de las organizaciones narcotraficantes.
Las cifras de 2026 no permiten determinar por sí solas cuánto aumentó o disminuyó el tráfico real de estupefacientes, pero sí muestran un cambio significativo en la distribución regional de los secuestros. El desafío para los investigadores será establecer si ese comportamiento responde a una mayor eficacia de los controles provinciales, a una modificación de las rutas del narcotráfico o a una combinación de ambos factores.
