El régimen de sanciones que Javier Milei anunció por cadena nacional el 3 de septiembre para castigar a quienes exploren o exploten petróleo sin autorización argentina en Malvinas no es una creación desde cero: el mismo principio jurídico rige para la pesca desde 2008, cuando se incorporó como artículo 27 bis a la Ley Federal de Pesca mediante la Ley 26.386.
El anuncio presidencial y la posterior apertura de actuaciones de Cancillería contra 45 —hoy ya 60— personas humanas y jurídicas vinculadas al proyecto Sea Lion fueron presentados en el debate público como una novedad. Lo son, en la escala y la contundencia: inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, alcance a proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros, y un universo de 180 compañías notificadas para elegir entre operar en Malvinas o en la Argentina continental.
Pero la lógica de fondo —que quien se beneficie, directa o indirectamente, de la explotación no autorizada de recursos argentinos en Malvinas quede fuera del sistema argentino— nació específicamente para la pesca en 2006 y se convirtió en ley en 2008.
Un antecedente que se gestó en el Congreso
El proyecto que dio origen a esa norma tramitó como expediente 0198-S-06, en articulación con las áreas de Pesca de la Nación y de Cancillería, y fue presentado en octubre de 2006 ante el Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Buscaba cerrar los mecanismos de triangulación societaria que permitían que empresas vinculadas a operaciones pesqueras no autorizadas por la Argentina en aguas de Malvinas se beneficiaran, al mismo tiempo, del sistema de cuotas y permisos nacionales.
El artículo 27 bis sigue vigente, sin modificaciones, dieciocho años después. Obliga a todo titular de cuota o permiso de captura a declarar bajo juramento que no tiene relación jurídica, económica ni de participación en los beneficios con armadores que pesquen sin autorización argentina en aguas bajo jurisdicción nacional. Es el mismo test de triangulación que hoy Cancillería les aplica, con otro nombre, otra industria y otra escala, a Navitas, Rockhopper o Eco (Atlantic) Oil & Gas. La consecuencia, en el caso pesquero, es la caducidad del permiso y la cuota.
Se trata de un instrumento efectivo para su época, pero considerablemente más acotado que el que el Ejecutivo le está aplicando hoy a los hidrocarburos: alcanza únicamente a quien ya tiene cuota asignada, no a sus proveedores, financistas o accionistas indirectos, y su sanción —perder una cuota— no es comparable en poder disuasivo a una inhabilitación de hasta veinte años para contratar con el Estado y con privados.
La asimetría que el Gobierno evalúa corregir
Esa diferencia es, hoy, un problema concreto. El canciller Pablo Quirno, al justificar el nuevo esquema para hidrocarburos, citó como referencia la posición chilena de no prestar “asistencia logística en hidrocarburos y pesca” a las operaciones en Malvinas, tratando ambos recursos como una unidad conceptual.
Además, trascendió que dentro del propio Gobierno se evalúa incorporar a la actividad pesquera al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que reforma la Ley 26.659 y que ingresaría a Diputados en estos días, con tratamiento esperado entre fines de septiembre y principios de octubre. Fuentes oficiales lo confirmaron con un escueto “estamos trabajando en eso”. Desde distintos sectores de la industria pesquera nacional se viene reclamando, además, que los recursos pesqueros reciban el mismo tratamiento sancionatorio que se les está dando ahora a los hidrocarburos.
El reclamo y el camino que queda
A veinte años de aquel primer paso en el Congreso, el reclamo es jurídicamente impecable y llega tarde. El artículo 27 bis fue una herramienta sólida para su momento —nació de un trabajo parlamentario serio, con articulación interministerial, dictamen y un debate que terminó sancionado por amplio consenso—, pero quedó congelada en el diseño de un sistema de cuotas de mediados de la década de 2000.
Hoy la disputa por Malvinas cambió de escala: Sea Lion multiplica varias veces la exposición de cualquier operación pesquera individual, y sin embargo el instrumento que protege el recurso pesquero sigue siendo, dieciocho años después, más débil que el que hoy alcanza al petróleo por decreto y por cadena nacional. Esa inconsistencia, sostienen los especialistas, es responsabilidad del Congreso corregirla.
Si el Gobierno decide, como parece inclinado a hacer, equiparar el tratamiento de ambos recursos, el camino correcto no es forzar una analogía por interpretación administrativa de un artículo pensado para otro contexto, sino actualizar el propio 27 bis: llevarlo al mismo nivel de severidad que hoy se aplica a los hidrocarburos, con inhabilitaciones reales, alcance expreso a proveedores, financistas y accionistas indirectos, y no una simple caducidad de cuota que cualquier estructura societaria mínimamente sofisticada puede absorber.
Cualquier solución intermedia —dejar que el 27 bis “alcance” por goteo interpretativo lo que la nueva ley resuelve expresamente para el petróleo— generará años de litigiosidad y una desigualdad de trato injustificable entre dos sectores expuestos exactamente al mismo riesgo geopolítico.
Este antecedente parlamentario ilustra algo que en la discusión pública sobre Malvinas se pierde con frecuencia: las políticas de soberanía sobre recursos naturales que perduran no se resuelven por decreto, se construyen en el Congreso, con años de trabajo técnico, jurídico y diplomático que rara vez llegan a la opinión pública en el momento en que se producen. La pesca argentina hizo ese trabajo hace dos décadas y todavía sostiene, en soledad, el único instrumento legal específico contra la triangulación societaria en Malvinas. Ahora le toca al petróleo.
