El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, la hoja de ruta para el último año del mandato de Javier Milei, con cambios profundos en discapacidad y un monto para las universidades muy por debajo de lo reclamado por las casas de estudio.
La iniciativa ingresó al Parlamento pasadas las 22, con la firma de Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. El texto establece un superávit primario de $18,44 billones (1,3% del PBI) y un superávit financiero de $3,30 billones (0,2% del producto), tras contemplar el pago de intereses de la deuda.
Entre las variables macroeconómicas, el Gobierno proyecta un crecimiento del PBI del 4% para 2027, una inflación anual del 18% y un aumento del salario promedio del 25,4%, por encima de la evolución esperada de los precios. En materia cambiaria, contempla un dólar de $1.847,60 para fines de 2027, aunque desde el Ejecutivo aclararon que ese valor no constituye una previsión puntual sobre la cotización, sino que surge de ajustar el nivel actual por la inflación estimada para el próximo año.
Cambios en discapacidad
El proyecto modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad y fija la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en el 70% de la jubilación mínima. Además, establece que ese beneficio será incompatible con un empleo formal o con estar inscripto en el régimen general o simplificado.
También introduce cambios en el esquema del nomenclador: los valores dejarán de ser universales y cada ente obligado deberá determinarlos. En el caso de Nación, se actualizarán trimestralmente y, si no se hace, se tomará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mes a mes el INDEC.
El texto deroga los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. El artículo 5 afecta directamente a la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y elimina la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes cuenten con ese beneficio. El artículo 9 suprime la conversión de oficio de la pensión no contributiva en Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Por último, el artículo 14 establece actualmente que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad “serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley” y serán determinados por el directorio del sistema y actualizados conforme al decreto del Poder Ejecutivo Nacional 274/24.
El frente universitario
Para las universidades, el Gobierno propone una partida de $7,3 billones destinada a funcionamiento, inversión y gastos de programas especiales. Las casas de estudio habían solicitado ese monto para inicios de 2026, cuando el Ejecutivo propuso $4,8 billones. Este año, el gasto cerrará en torno a los $6 billones.
En el 96° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó días atrás su proyecto de presupuesto universitario 2027, en el que manifestó que necesitará $11 billones para operar, cuatro más de lo estimado por Nación. La planilla fue enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias y contrasta con el monto proyectado por el Gobierno, por lo que es de esperar que las universidades vuelvan a reclamar ante la Justicia por el cumplimiento de la ley de Financiamiento.
La hoja de ruta económica incorpora además una herramienta de control sobre las casas de estudios. En el artículo 12 se establece que el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, podrá interrumpir las transferencias si una universidad no entrega la información requerida.
En cuanto a los aumentos salariales previstos para 2027, el Ejecutivo fijó que la base sobre la que se establecerán los incrementos serán las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026, salvo ampliaciones autorizadas.
El Presupuesto 2027 mantendrá abierto el frente de batalla entre el Gobierno y las universidades, desde donde anticiparon este martes que la primera semana de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria en caso de no cumplirse con la ley hasta esa fecha.
