Un grupo de legisladores opositores presentó un proyecto para crear en Tucumán una Fiscalía Especializada en Corrupción y Criminalidad Económica, una dependencia permanente del Ministerio Público Fiscal (MPF) que tendría competencia en toda la provincia. La iniciativa retoma, más de dos décadas después, el esquema de una fiscalía dedicada específicamente a investigar delitos contra la administración pública.
La propuesta ingresó el viernes por mesa de entradas de la Legislatura y deberá obtener dictamen antes de ser tratada en el recinto. Fue impulsada por Manuel Courel (Cambia Tucumán), con el acompañamiento de José Seleme (Avanza Tucumán), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
Alcance y funciones del nuevo organismo
Según el proyecto, la nueva fiscalía tendría autonomía presupuestaria e independencia funcional y se ocuparía de investigar delitos cometidos contra las administraciones públicas provincial, municipales y comunales. Entre sus objetivos se incluye contar con capacidad para reconstruir circuitos financieros, analizar contrataciones públicas, sociedades y evidencia digital.
La iniciativa establece que la dependencia sea encabezada por un fiscal anticorrupción seleccionado mediante concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo Asesor de la Magistratura. Entre los requisitos previstos figura que quien ocupe el cargo no haya desempeñado funciones en el Poder Ejecutivo ni haya sido autoridad de un partido político.
Querella colectiva y antecedentes
El proyecto también incorpora la figura de la querella colectiva. De aprobarse, organizaciones no gubernamentales vinculadas con la transparencia, además de legisladores y concejales, podrían constituirse como querellantes en procesos por hechos de corrupción.
Courel sostuvo en los fundamentos que los delitos de corrupción pueden producir consecuencias que exceden un perjuicio patrimonial individual. Señaló que el desvío de fondos, las ventajas indebidas o la manipulación de decisiones públicas pueden afectar el patrimonio estatal, el acceso a bienes y servicios y el funcionamiento de las instituciones.
La inclusión de la querella colectiva tiene además como antecedente una situación atravesada por el propio legislador. La Justicia rechazó en dos oportunidades su pedido para constituirse como querellante en la denuncia que presentó junto con el concejal de Simoca Luis Escobar contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito. La jueza Cecilia Tasquer consideró que Courel y Escobar no reunían los requisitos para actuar como querellantes particulares porque no eran víctimas ni afectados directos por el hecho denunciado.
Una experiencia que duró cinco años
Tucumán ya contó con una Fiscalía Anticorrupción. La dependencia fue creada en mayo de 2000 para investigar específicamente delitos contra la administración pública, pero funcionó durante poco más de cinco años. En septiembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió disolverla. A partir de esa decisión, la investigación de este tipo de delitos dejó de estar concentrada en una oficina especializada.
El entonces ministro fiscal Luis de Mitri fundamentó la medida señalando que la Fiscalía Anticorrupción tenía unas 400 causas en trámite, mientras que las demás fiscalías de Instrucción acumulaban entre 2.500 y 3.000 expedientes. Desde entonces, las 10 fiscalías de la Capital quedaron habilitadas para intervenir en toda clase de delitos, incluidos aquellos cometidos contra el Estado. Ahora, el proyecto presentado en la Legislatura propone volver a concentrar esa competencia en una fiscalía especializada.
