En menos de un año, entre el 26 de septiembre de 2025 y el 10 de junio de 2026, el Gobierno nacional emitió tres actas secretas que exponen el vaivén de la gestión de Javier Milei frente al reclamo de Aeropuertos Argentina, la empresa insignia de Eduardo Eurnekian, para extender su concesión desde 2038 hasta 2066. El beneficiario sería el exjefe del Presidente en Corporación América, y el acuerdo fue firmado por un funcionario que hoy está detenido.
La primera acta, firmada el 26 de septiembre de 2025 por el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian, estableció el “Acta Acuerdo de Readecuación Contractual”. El objetivo era extender la administración de 35 aeropuertos del país hasta 2066, pese a que la concesión actual vence en 2038. El argumento utilizado fue la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aunque el documento también apela a la pandemia de COVID como justificación, tal como ocurrió con la prórroga anterior que llevó el contrato de 2028 a 2038.
La validez de esa acta es cuestionada porque Leal está detenido e investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa donde el fiscal Ramiro González apunta a la cúpula del ORSNA por presuntos cohechos. Además de Leal, son investigados la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz; la vicepresidenta, Lucila Belén Pagani, y el “controller” Facundo Gaitán. La Justicia analiza patrimonios, contratos y posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos del organismo.
La clave: la Tasa Interna de Retorno
El Gobierno y Aeropuertos Argentina no avanzan por diferencias en el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la concesión. La empresa de Eurnekian pretende mantenerla cerca del 16,45% o incluso un punto más. Mientras tanto, el Gobierno descartó aumentar las tarifas aeroportuarias para compensar el rojo. Como presión, Aeropuertos Argentina suspendió una inversión de unos 600 millones de dólares destinada a obras hasta 2030, a pesar de que tendría la obligación y los fondos para realizarlas.
En el medio aparece un Fondo Fiduciario para obras de infraestructura que se alimenta del canon que paga la concesionaria. Luego, el Estado contrata a empresas del grupo Eurnekian para ejecutar esas obras, por lo que el canon vuelve al holding. Esto plantea interrogantes sobre qué beneficios reales quedan para el Estado y qué TIR se discute: la de la concesionaria o la de todo el grupo.
Otro factor que acelera el apuro es que el contrato original vencía en 2028. La prórroga otorgada en 2020 por la pandemia está cuestionada por la Auditoría General de la Nación (AGN). Si ese cuestionamiento prospera, el contrato podría terminar en febrero de 2028, según fuentes calificadas. Eurnekian busca encadenar una nueva prórroga hasta 2066 para blindarse ante esa posibilidad.
Secretos y un solo fundamento
El acta firmada por Leal y Ketchibachian se apoya en la Ley Bases para justificar la extensión. En el documento se menciona que la ley 27.742 modificó la Ley 17.520 de Concesión de Obra Pública para “conferir al contrato de concesión la suficiente certeza, estabilidad y seguridad jurídica”. Leal interpretó que el artículo 7 bis de la ley 17.520 permitía prorrogar el plazo cuando existan razones de fuerza mayor o actuaciones de la Administración que rompan la economía de la concesión.
La segunda acta secreta, de octubre de 2025, fue firmada por Leal junto a su sucesora Noelia Ruiz. En ella el Directorio del ORSNA ratifica el acuerdo previo y analiza la ecuación económico-financiera. Un informe de la Gerencia de Regulación Económica y Financiera señala que, si el proceso concluye, el ORSNA deberá desarrollar una nueva reglamentación para revisar esa ecuación. Además, se menciona un plan de inversiones del concesionario para el período 2026/2030, que es utilizado como presión para lograr la prórroga.
Tras la detención de Leal, Noelia Ruiz firmó una tercera acta el 10 de junio de 2026. En ella se presenta como una “revisión” y dispone “la reanudación del procedimiento de renegociación contractual”. El documento convierte el expediente firmado por Leal en un “antecedente de trabajo”, buscando despegarse de su gestión.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció en el Congreso que el Gobierno beneficia a Eurnekian con contratos vinculados al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y que el acta para extender la concesión se firmó en secreto. Ferraro reclamó conocer los motivos y el nuevo pliego para la operación de los aeropuertos concesionados en todo el país.
Fuentes gubernamentales indicaron a Ámbito que el acta está “paralizada” y que cuando se retomen las negociaciones, además del ORSNA intervendrá la Secretaría de Transporte de la Nación. Voces especializadas calificaron como un “despropósito” extender la concesión 11 años antes de su vencimiento, y señalaron que existen vínculos políticos entre Milei y Eurnekian que generan diálogos “puertas adentro”.
También hay críticas por la calidad del servicio: se mencionan “medidas de seguridad mínimas” y problemas de mantenimiento, como pistas recién renovadas que se levantan e inundaciones recurrentes. Además, se cuestiona la administración del Fondo Fiduciario para el Mantenimiento de Aeropuertos, cuya investigación nadie reclama en el Congreso.
