El canciller Pablo Quirno aseguró que el potencial de Vaca Muerta es la diferencia clave para presionar a las petroleras que operan en Malvinas, al advertir que deberán optar entre invertir legalmente en Neuquén o hacerlo de manera irregular en las islas. Lo afirmó durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Iguazú, donde se refirió a los anuncios del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas.
Quirno explicó que la ley 26.659, sancionada entre 2011 y 2013, prohibía operar en la Argentina a las empresas que trabajaran en Malvinas, pero que en ese momento no existía Vaca Muerta, por lo que “no tenían ningún incentivo para decidir”. Hoy, en cambio, el escenario es otro.
“Hoy, lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo”, afirmó, y añadió: “Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios”.
Las tres medidas anunciadas por Milei
El ministro detalló las tres modificaciones vinculadas a la explotación petrolífera en Malvinas, de las cuales dos ya están en marcha. La primera es un decreto reglamentario que agiliza las sanciones contra compañías de servicios petroleros, financieros y de seguros que operen en las islas. Según confirmó Quirno, unas 180 empresas ya fueron notificadas la semana pasada.
“Esas empresas van a tener que elegir si siguen o van a ser sancionadas acá y van a tener que atravesar un proceso bastante complicado”, advirtió.
La segunda medida consiste en asignar presupuesto a la Base Naval Integrada, un proyecto que Quirno definió como “muy importante para nuestra defensa del Atlántico Sur”. En ese sentido, destacó que “es otro corolario de tener los números macroeconómicos ordenados y no violar la regla principal, que es la del equilibrio fiscal”.
El canciller señaló que el proyecto de Ushuaia “está hace años, pero hoy se puede concretar”, y que “va a significar también un hito en lo que es nuestra presencia en el Atlántico Sur, nuestra presencia logística para la Antártida y la provisión de servicios en esa región tan importante”.
La tercera medida, anunciada por el Presidente, es la presentación de un proyecto de ley para modificar la 26.659, con el objetivo de ampliar el poder sancionatorio y generar incentivos para que las empresas elijan invertir en el continente. Actualmente, la norma impide que una empresa sancionada pueda volver al sistema de explotación regular.
Además, Quirno anticipó que el decreto reglamentario incluye una declaración jurada para que quienes aspiren a los beneficios del RIGI declaren que no violan la ley 26.659 ni su futura modificación.
El ministro consideró que se trata de “un llamado del Presidente a la unidad de toda la sociedad y de todo el espectro político” y aseguró que ya cuentan con el respaldo de varias cámaras empresariales.
“Se trata de una estrategia absolutamente integrada y coordinada para que tenga el mayor impacto posible”, cerró, y subrayó que ya se observa un efecto en la valorización de las acciones de las compañías que operan ilegítimamente en Malvinas.
