Con las elecciones provinciales convocadas para el 9 de mayo de 2027, la disputa por las bancas legislativas en Tucumán ya tiene en marcha la maquinaria electoral. La inversión para sostener una candidatura competitiva en la Capital puede superar los 300 millones de pesos, según cálculos de dirigentes y consultores.
Más allá de los requisitos que fija la Constitución provincial —ser ciudadano argentino, tener al menos 25 años y acreditar dos años de residencia en la provincia—, la realidad electoral impone otro desafío: financiar una estructura política que garantice presencia en los barrios, fiscalización en las mesas y movilización de votantes.
San Miguel de Tucumán vuelve a ser el escenario central de la contienda. En los comicios de 2023 se presentaron 40 listas para disputar las 19 bancas que representan a la Capital en la Legislatura. Sin embargo, la alta competencia no asegura el acceso a un escaño: referentes estiman que el piso de votos podría trepar entre 2.000 y 4.000 sufragios respecto de la última elección, cuando se necesitaron alrededor de 10.000 votos.
Boletas: el primer gran gasto
Uno de los costos más pesados sigue siendo la impresión de boletas partidarias, un sistema que en Tucumán se mantiene vigente a diferencia de la Boleta Única Papel que se usa en las elecciones nacionales. Cada agrupación debe asegurar la provisión y reposición de sus papeletas durante toda la jornada.
Los dirigentes con experiencia calculan que una lista competitiva necesita imprimir unas 1,5 millones de boletas, tomando como referencia un padrón de cerca de 500.000 electores. Ese volumen alcanza para abastecer las aproximadamente 1.400 mesas de votación de la ciudad y sostener el reparto domiciliario durante la campaña.
Hoy, una boleta simple de un solo color cuesta alrededor de 20 pesos por unidad, aunque el valor suele aumentar cerca de la elección por el precio del papel. Solo este rubro puede implicar una inversión cercana a los 30 millones de pesos.
Fiscalización y control de mesas
La fiscalización es otro componente clave. Los fiscales de mesa controlan el desarrollo de la votación y supervisan el escrutinio provisorio. Si bien muchas fuerzas usan militantes voluntarios, es habitual que parte de esos colaboradores reciba una compensación económica.
Las estimaciones indican que cada fiscal podría cobrar alrededor de 50.000 pesos, más viáticos para alimentación y traslado. Cubrir todas las mesas de la Capital demandaría unos 140 millones de pesos, cifra que puede crecer si se suman fiscales generales para supervisar los establecimientos escolares.
Para reducir esos costos, algunos espacios políticos evalúan acuerdos entre dirigentes territoriales para compartir la estructura de fiscalización. Otros, en cambio, analizan un doble esquema de control con representantes de candidatos a legisladores y de postulantes a concejales.
Publicidad, movilización y gastos invisibles
La visibilidad pública también pesa en el presupuesto. Una campaña básica con un centenar de carteles puede costar unos cinco millones de pesos, mientras que los despliegues más amplios, con aproximadamente 2.000 estructuras, oscilan entre 40 y 50 millones.
El tradicional operativo de movilización de votantes es otra práctica habitual en Tucumán. Los referentes territoriales coordinan vehículos para trasladar electores desde los barrios hasta los centros de votación. Aunque aún no hay cifras definitivas para 2027, se anticipa una mayor utilización de motocicletas y un control más estricto sobre la cantidad de viajes por automóvil.
Un referente político recordó que en 2023 su estructura trasladó unos 30.000 votantes. Si el costo promedio por pasajero fuera de 5.000 pesos, ese operativo demandaría aproximadamente 150 millones de pesos.
Redes, actos y pintadas: la suma de los extras
La maquinaria electoral incluye otros gastos que engrosan el presupuesto final. Las campañas en redes sociales parten de entre 300.000 y 600.000 pesos mensuales sin contemplar producción audiovisual ni equipos especializados. Los actos políticos requieren logística, sonido, catering, transporte y material promocional. Y las pintadas callejeras, pese al avance digital, siguen siendo parte del paisaje electoral tucumano.
Dirigentes de distintos espacios admiten que es imposible establecer un costo único para construir una candidatura competitiva en la Capital. Mientras algunos sectores apelarán a estrategias de austeridad, otros proyectan invertir cientos de millones de pesos e incluso calculan sus presupuestos en dólares para fortalecer sus estructuras territoriales. En una elección donde pocos miles de votos pueden definir el ingreso o la pérdida de una banca legislativa, la organización y la capacidad financiera se vuelven tan decisivas como la propia competencia política.
