La causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, asesinada el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena, está lista para ser elevada a juicio. El fiscal Pedro Gallo adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para Felipe “El Militar” Sosa, acusado como autor del crimen.
Además, Gallo requerirá condenas de seis años de prisión para Justina Gordillo, funcionaria judicial y ex pareja del principal imputado, y para Jorge “Chicho” Díaz, hombre de confianza de Sosa, ambos acusados por el delito de encubrimiento.
Un cuarto implicado ya fue condenado
Nicolás Navarro Flores, el cuarto involucrado en la causa, ya fue condenado a tres años de prisión mediante un juicio abreviado por el mismo delito. Su defensor, Patricio Char, realiza actualmente las gestiones para que pueda acceder a los beneficios previstos por la legislación vigente.
Desde la querella, Garmendia manifestó su respaldo al requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía y anunció que solicitará la incorporación de cinco testigos adicionales a los 85 propuestos por el fiscal. A esa nómina todavía deberán sumarse los testigos que presenten las defensas de los imputados.
Próximos pasos procesales
Los abogados Marcelo Cocianci, defensor de Felipe Sosa; María Florencia Abdala y Camilo Atim, representantes de Justina Gordillo; y Juan Pablo Bello, quien asiste a Jorge Díaz, serán notificados en las próximas horas sobre los planteos efectuados por los acusadores.
En una audiencia preparatoria, todas las partes debatirán la teoría del caso, la conformación definitiva de la lista de testigos y la admisibilidad de las pruebas que serán exhibidas durante el juicio oral. Finalizada esa instancia, el juez deberá resolver si hace lugar a los pedidos formulados. En caso de aprobarlos, solo restará que la Oficina de Gestión de Audiencias determine la integración del tribunal y fije la fecha de inicio del debate.
Sin acuerdo y con demanda civil
Las defensas de Sosa, Gordillo y Díaz ya adelantaron que no aceptarán un juicio abreviado, por lo que la responsabilidad penal de los tres será resuelta por un tribunal durante el juicio oral.
En paralelo, también deberá analizarse la demanda civil promovida en la causa. Los abogados defensores podrán oponerse a ese reclamo, aunque la resolución quedará supeditada al resultado del proceso penal. Solo si los acusados son declarados culpables, los jueces evaluarán la procedencia de la acción resarcitoria y determinarán los montos indemnizatorios que, en su caso, deberán afrontar los condenados.
