El juez Marcos Javier Campero rechazó el pedido de sobreseimiento de Santiago Bagne, uno de los rugbiers acusados por el ataque a Patricio Ledezma el 29 de enero a la salida del boliche La Cañada, en Tafí del Valle.
El magistrado consideró que aún no existe certeza suficiente para afirmar que el hecho no ocurrió y envió el expediente al fiscal regional Diego Hevia, quien deberá decidir si mantiene la solicitud de cierre impulsada por el Ministerio Público Fiscal o dispone que la investigación continúe.
Hevia tiene tres días para pronunciarse. Si sostiene el pedido de sobreseimiento, su decisión será vinculante para el juez, aunque la querella podrá impugnarla. Si coincide con la postura de Campero, se designará a otro fiscal para continuar con las actuaciones, según explicó Gonzalo Ascárate, defensor de Bagne.
La causa se inició cuando Ledezma denunció haber sido rodeado y golpeado por un grupo de unos 15 jóvenes oriundos de Concepción, tras una pelea que habría comenzado dentro del local bailable. Días después, el joven formalizó la denuncia y difundió su relato en redes sociales, donde el caso tuvo gran repercusión.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Mónica García de Targa, titular de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física. En febrero fueron detenidos Bagne y Máximo Carreras, a quienes se les imputó ser presuntos coautores de tentativa de lesiones graves, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas.
La hipótesis fiscal original sostiene que los involucrados acordaron una agresión coordinada. Tras perseguir a Ledezma, uno de ellos habría provocado que cayera en una zanja. Mientras varios lo golpeaban, Bagne y Carreras habrían formado un “cerco humano de contención” para impedir que escapara o recibiera ayuda.
Seis meses después de la formulación de cargos, Ascárate solicitó el sobreseimiento de su defendido argumentando que el episodio no ocurrió como describe la acusación y que Bagne nunca participó en un ataque organizado. Para sustentar su planteo, dividió los hechos en tres momentos y se apoyó en testimonios, videos, conversaciones y peritajes de teléfonos celulares.
La reconstrucción de la defensa
Según la defensa, el conflicto comenzó dentro del boliche, donde Ledezma habría tocado de manera inapropiada a una joven del grupo de los acusados. Ese hecho habría originado una pelea con Belisario Iturbe, hermano de la chica. Ascárate afirmó que Bagne intervino para separarlos y que los seguridad lo expulsaron del lugar.
El segundo momento habría ocurrido al finalizar la fiesta. Bagne estaba con sus amigos en la calle cuando Ledezma salió del local y provocó al grupo de forma burlona. Iturbe reaccionó con un golpe que lo derribó. El abogado sostuvo que varios testigos aseguraron que nadie continuó atacándolo en el suelo y que su defendido volvió a intervenir para frenar la pelea y retirar a un amigo.
La tercera secuencia se habría dado cuando Ledezma se alejaba. La defensa afirmó que las declaraciones describen una actitud persistente de confrontación del denunciante, y mencionó grabaciones en las que se lo ve de pie amenazando al grupo con la frase: “Los vamos a c**** a tiros”.
“Lejos estamos de una víctima vulnerable, como se quiso presentar en los medios públicos”, sostuvo Ascárate en la audiencia.
El defensor citó un video que muestra a Bagne cerca del tumulto, retirando a un amigo y quedando de espaldas a la pelea. También aseguró que el análisis de los celulares no halló mensajes que evidencien planificación, acuerdo previo o distribución de funciones para atacar a Ledezma. Las comunicaciones recuperadas, dijo, fueron posteriores al episodio y motivadas por la viralización de las imágenes.
“Bagne, lejos de haber querido impedir la ayuda o evitar la huida, actuó como un ciudadano de ley y trató de pacificar el conflicto para que la trifulca no pasara a mayores”, alegó. Y planteó: “¿Qué mensaje les damos a los jóvenes tucumanos? ¿Que si vemos un conflicto debemos mirar hacia otro lado porque, de lo contrario, podemos terminar en Benjamín Paz?”.
Posturas en pugna
El auxiliar fiscal Hugo Campos acompañó el pedido de sobreseimiento siguiendo instrucciones del fiscal Gerardo Salas. Señaló que las evidencias no permitían corroborar que Bagne hubiera intervenido en el delito ni que existiera un acuerdo previo para agredir premeditadamente a la víctima.
El querellante José María Molina se opuso y reclamó la nulidad del dictamen fiscal. Consideró contradictorio que la defensa afirmara que el hecho no ocurrió mientras reconstruía detalladamente los distintos momentos del enfrentamiento. “Toda la descripción que hizo Ascárate no hace más que acreditar la existencia de un hecho”, manifestó. Aseguró que aún hay elementos para seguir investigando y recordó que algunos testigos ubican a Bagne en la escena.
Tras un cuarto intermedio, Campero descartó el sobreseimiento al entender que las pruebas no permiten afirmar con certeza que el episodio no se haya cometido. La definición quedó en manos de la Fiscalía Regional.
“Nuestro objetivo es que se conozca la verdad. Santiago demostró que no tiene absolutamente nada que ver; ninguna persona debería llegar a juicio si antes puede comprobarse que no tuvo ningún grado de participación”, concluyó Ascárate.
