La explosión en el edificio de Monteagudo 120 dejó un muerto, daños materiales, heridos y decenas de evacuados. El siniestro reavivó el debate sobre la descoordinación de los organismos municipales que deben planificar y controlar la ciudad.
El hecho, ocurrido recientemente, puso en evidencia una problemática que San Miguel de Tucumán arrastra desde hace años. En 2018, un relevamiento de la Dirección de Catastro detectó 31 edificios ocupados sin el Certificado Final de Obra ni el Certificado de Habitabilidad, lo que implicaba que estaban habitados sin reunir las condiciones normativas. Entre esos inmuebles figuraba el de Monteagudo 120/128, donde se produjo la explosión.
En aquel entonces, las autoridades ya advertían sobre instalaciones precarias en esas construcciones: medidores de obra, baja presión de agua y, en algunos casos, gas envasado en garrafas ubicadas en pasillos. Ocho años después, la tragedia demostró que esas alertas no eran exageradas, sino un llamado de atención que exigía respuestas sostenidas.
El problema trasciende un edificio puntual. Hace pocas semanas, el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) señaló la necesidad de no seguir construyendo en sectores de la ciudad sin antes realizar las obras de infraestructura correspondientes. Su argumento es contundente: lo que no se resuelve a tiempo, suele costar mucho más después.
En las últimas décadas se levantaron alrededor de 1.500 edificios en la capital tucumana sin que se adecuaran en la misma proporción las redes de agua, cloacas y desagües. Esa falta de previsión ya se nota en una ciudad con servicios sobrecargados e infraestructura que no acompaña el crecimiento edilicio.
Otro ejemplo reciente es aún más doloroso. En Manantial Sur se construyeron unas 1.000 viviendas sin que estuvieran listas las redes de servicios básicos. Las casas, que no pudieron entregarse, fueron vandalizadas y destruidas. Recién después se destinó una partida especial para reconstruirlas. Esa desinteligencia entre organismos tuvo un costo económico enorme y también humano: cerca de un millar de familias esperó casi una década para acceder a sus hogares.
Los casos comparten una característica: falta de coordinación en las decisiones y alguien termina pagando las consecuencias. Planificar no es impedir el desarrollo, sino anticiparse. La tragedia de Monteagudo 120 debería servir para entender que la burocracia sin diálogo puede volverse riesgo, y que la falta de planificación, cuando se corrige tarde, cuesta mucho más. Una ciudad moderna necesita organismos que no solo actúen, sino que sepan actuar juntos.
