El paro nacional docente convocado por CTERA comenzó este lunes 3 de agosto en los niveles inicial, primario y secundario de todo el país, en medio de un fuerte cruce con el Gobierno de Javier Milei, que anticipó inspecciones en los establecimientos educativos.
La medida de fuerza, que se extenderá por 24 horas, fue anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ante la “permanente negativa” del Ejecutivo para abrir una mesa de diálogo y renegociar los salarios.
Además de la recomposición salarial, los docentes reclaman la restitución “inmediata” del Fondo de Incentivo Docente (FONID), un mayor presupuesto para las escuelas y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
“Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, argumentaron desde el gremio.
El paro coincide con el regreso a clases en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque el impacto se sentirá en todo el territorio nacional. Si bien la medida afecta principalmente a las escuelas estatales, algunas instituciones privadas podrían adherirse según lo resuelvan sus docentes o los gremios sectoriales como SADOP.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también convocó a un paro para la misma jornada, por lo que el funcionamiento de diversas dependencias públicas estará limitado.
El Gobierno responde con inspecciones
En la previa al paro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió con el Consejo Federal de Educación para coordinar el control de la jornada. El Ministerio anunció que realizará inspecciones en las instituciones educativas y que aplicará sanciones si se detecta que no se cumple con el 75% de cobertura mínima del servicio de clases.
La cartera que conduce Pettovello recordó que la educación fue declarada servicio esencial en la ley de reforma laboral, y redobló la ofensiva contra la medida de fuerza. “Vamos a controlar la prestación de las tareas”, advirtieron desde el Ministerio.
El conflicto se da en un contexto de fuertes críticas de los gremios al proyecto de Ley de Libertad Educativa y a las posibles reformas jubilatorias, en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto.
