El stock de deuda pública de la provincia de Tucumán alcanza los $153.000 millones, equivalentes al 3% del presupuesto provincial, según informó el Ministerio de Economía. El gobierno de Osvaldo Jaldo considera que el nivel de endeudamiento es sostenible, ya que la legislación permite destinar hasta un 10% del presupuesto al pago de capital e intereses, cuatro veces más que la proporción actual.
La composición de los acreedores cambió respecto de años anteriores. La Nación ya no concentra la mayor parte de las obligaciones y ahora comparte un peso similar con entidades financieras privadas. Dentro de ese esquema sobresale un financiamiento cercano a los $80.000 millones otorgado por el Banco Macro, agente financiero de la Provincia. La segunda obligación de mayor magnitud corresponde a una asistencia del Banco Nación por $55.190 millones, fondos utilizados para cancelar la deuda que Tucumán mantenía con el disuelto Fondo Federal para el Desarrollo Provincial.
El ministro de Economía, Daniel Abad, afirmó que la Provincia no contrajo deuda directa en moneda extranjera, lo que reduce los riesgos financieros. “La foto de la deuda pública, como la de las cuentas del Estado, es completamente diferente a la que recibimos al asumir la gestión”, aseguró. Abad defendió el uso del crédito cuando se destina a sostener obligaciones y financiar infraestructura, y señaló que la administración provincial continuó ejecutando obras pese a la caída de los ingresos de origen nacional y local.
Tucumán también obtiene financiamiento de organismos internacionales. Esos préstamos están nominados originalmente en dólares, aunque se registran en pesos en la contabilidad pública. Entre esas operaciones figura un crédito consignado por $140 millones para trabajos hídricos.
La deuda instrumentada mediante títulos públicos ronda los $10.000 millones e incluye los Consadep II, III y IV y los Bonos de Conversión de Deuda Pública 2031 (Condep 2031). Este último es un título de deuda interna denominado en pesos que ajusta por tasa Badlar. Según la evaluación oficial, no representa una amenaza para el equilibrio fiscal.
Para administrar los vencimientos, la Provincia utiliza una estrategia de refinanciación (roll over), que consiste en renovar las obligaciones y extender sus plazos para evitar que los pagos inmediatos absorban recursos destinados a otras necesidades. El objetivo es preservar los ingresos de la coparticipación federal, que funcionan como garantía de las operaciones de crédito público. Abad sostuvo que la refinanciación resulta necesaria para cubrir gastos de funcionamiento y salarios en un escenario marcado por el agotamiento del Fondo Anticíclico y la contracción del gasto público. El ministro recordó que numerosas áreas de la administración sufrieron una reducción de partidas cercana al 20%, y desde marzo el ajuste también alcanza a organismos autárquicos y descentralizados.
Contexto nacional
El endeudamiento volvió al centro del debate político tras difundirse el consolidado de las provincias correspondiente al primer trimestre de 2026. La deuda conjunta de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendió a $32,6 billones al cierre de marzo, según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Medido en valores constantes, el stock aumentó un 7% respecto del mismo período de 2025, y su peso sobre el PBI pasó del 3,2% al 3,4% en un año.
Pese a ese incremento, un informe de Politikon Chaco indica que el indicador de 2026 continúa entre los más bajos de las últimas dos décadas. La provincia de Buenos Aires concentra el mayor pasivo, con $16,7 billones (51,1% del total), seguida por Córdoba con $4,3 billones (13,1%) y la Ciudad de Buenos Aires con $2,5 billones. Otras jurisdicciones que superan el billón de pesos son Santa Fe ($1,8 billones), Neuquén ($1,1 billones) y Mendoza ($1 billón).
Frente a esos valores, Tucumán presenta un stock nominal considerablemente menor. No obstante, la sostenibilidad dependerá de la evolución de los ingresos, el costo de las refinanciaciones y la capacidad de mantener el servicio de la deuda sin afectar salarios, prestaciones y obras públicas.
