La Justicia Federal profundizó la investigación contra el abogado tucumano Darío Gerardo Ovejero, denunciado por una presunta estafa vinculada a inversiones en el negocio del azúcar por más de 740 millones de pesos. Se ordenó el levantamiento de los secretos bancario, financiero, fiscal y bursátil para rastrear el dinero.
El expediente pasó de la Justicia provincial a la federal tras detectarse indicios de delitos más graves, como lavado de activos, intermediación financiera no autorizada, ilícitos tributarios e infracciones al Régimen Penal Cambiario.
La causa se inició con la denuncia de nueve personas que aseguraron haber sido convencidas por Ovejero para invertir en un supuesto negocio de compra, venta y exportación de azúcar. Según los denunciantes, nunca recibieron las ganancias prometidas.
En una primera etapa, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, donde se reunieron las primeras pruebas.
Un esquema Ponzi con azúcar
De acuerdo con los testimonios, Ovejero habría montado un mecanismo sistemático de captación de fondos. Se presentaba como operador del mercado azucarero y aseguraba que, gracias a los contactos de su padre en control de calidad, podía acceder al producto por debajo de su valor comercial.
Ofrecía rendimientos mensuales fijos de entre el 10% y el 15% sobre el capital invertido, en pesos o dólares. Las operaciones se respaldaban con pagarés, contratos de mutuo y recibos. Así logró captar inversiones millonarias, entre ellas aportes de 168 millones de pesos, 48 millones de pesos y 100.000 dólares.
Para mantener la fachada, habría pagado las primeras cuotas con dinero de nuevos inversores, en lo que los investigadores describen como un esquema Ponzi. Cuando los damnificados reclamaron el resto, Ovejero entregó como garantía formularios 08 de una Honda CRV y un Citroën C3 que presentaban irregularidades registrales.
También se investiga el uso de sociedades para emitir cheques sin fondos o apócrifos. Entre las firmas mencionadas están El Marqués SAS, Bellamar Estancias SA, Miyagi SA y Food Trading Dos SAS, donde Ovejero sería socio y representante legal.
Pase a la Justicia Federal
Tras seis meses de investigación, el fiscal López Ávila solicitó la incompetencia de la Justicia provincial, aceptada por el juez Guido Cattáneo, quien remitió el expediente al fuero federal. La causa recayó en la Fiscalía Federal N.º 1, que impulsó el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de Ovejero y las empresas vinculadas.
La medida fue autorizada el martes por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, titular del Juzgado Federal N.º 3 de Tucumán. El magistrado ordenó al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras información sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad, transferencias y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Ovejero y las firmas Food Trading Dos SA, Miyagi SA, El Marqués SAS y Bellamar Estancias SA.
Además, instruyó a COELSA para que detalle cuentas y movimientos en bancos y plataformas virtuales. También se solicitará información a la Comisión Nacional de Valores y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales sobre posibles transacciones en criptomonedas.
En paralelo, se libró un oficio a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que remita ROS, reportes sistemáticos mensuales y datos sobre el uso de criptoactivos por parte de los investigados.
Con esta documentación, el Ministerio Público Fiscal buscará reconstruir la trazabilidad de los fondos, determinar el destino del dinero, analizar el funcionamiento de las sociedades, verificar si existió una estructura organizada e identificar a otros posibles partícipes, además de reconstruir el patrimonio del principal acusado.
