El ministro de Economía, Luis Caputo, envió este jueves al Congreso una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, que elimina los topes de ingresos y patrimonio y permite que funcionarios públicos, incluido el propio Caputo, adhieran al régimen. La oposición ya anunció que impulsará exclusiones.
La iniciativa, presentada por Caputo junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, busca captar los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario. Según cálculos oficiales, hay cuatro veces más dólares en “colchones” que depositados en entidades financieras. “Los ahorros pueden ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”, aseguró el ministro, quien no respondió preguntas y delegó la explicación en tributaristas.
El proyecto original de Inocencia Fiscal se aprobó a fines de 2025, pero no logró el efecto esperado. Ahora, con una versión más permisiva, se eliminan los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio que regían antes. Esto abre la puerta a que el propio Caputo, quien declaró un patrimonio de $11.000 millones en 2024, pueda acogerse al beneficio.
La ausencia de restricciones para “personas políticamente expuestas” generó críticas. El Gobierno sostiene que no es necesario porque se trata de una modificación de la ley penal tributaria, no de un blanqueo. La oposición, en cambio, lo considera un blanqueo encubierto. Unión por la Patria y Provincias Unidas anunciaron que presentarán propuestas para excluir a funcionarios.
El escándalo se suma a la polémica lista de funcionarios que ya se acogieron al régimen anterior, entre ellos Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, Andrés Vázquez, Fernando Iglesias, Guillermo Francos, José Luis Espert, Agustín Monteverde, Joaquín Benegas Lynch, Felipe Núñez, Juan Pazo y Santiago Oría, además de comunicadores como Eduardo Feinmann, Luis Gasulla y Luis Novaresio.
La nueva ley no establece exclusiones y, según un tributarista, se entiende que los funcionarios ya están alcanzados por otras normas. Sin embargo, la oposición insiste en que se trata de un blanqueo permanente que permite incorporar fondos no declarados sin penalidad.
