La Fiscalía de Estado de Tucumán profundiza una investigación por la presunta comercialización irregular de terrenos fiscales en El Cadillal, donde detectó que continúan ofreciéndose parcelas del Estado a precios muy por debajo del valor de mercado. La pesquisa se centra en el emprendimiento Ampliación Villa del Parque, cuyos antecedentes se remontan a más de una década.
Desde el organismo señalaron que en las últimas semanas advirtieron que varias personas ponían a la venta lotes fiscales a valores considerablemente inferiores a los habituales. Todos esos casos fueron denunciados ante la Justicia para determinar la eventual comisión de delitos.
La investigación también refleja un cambio en el comportamiento de los poseedores. Un residente ocasional de la villa turística sostuvo que muchos propietarios decidieron desprenderse rápidamente de los lotes al advertir que podrían enfrentar inconvenientes legales. “La gente, al darse cuenta de que puede tener problemas con los terrenos, los está liquidando para no quedarse sin nada”, explicó.
Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir el origen del emprendimiento. Según los investigadores, desde 2010 un hombre comenzó a vender parcelas asegurando contar con documentación que acreditaba derechos hereditarios sobre esas tierras, las cuales ofrecía bajo el nombre de Villa del Parque.
A partir de 2014, el emprendimiento habría ampliado su superficie mediante la incorporación de nuevos terrenos. Los funcionarios sospechan que buena parte de esas parcelas se encuentran dentro de sectores donde está prohibido construir por tratarse de áreas protegidas destinadas a la conservación de la flora y la fauna.
Las irregularidades no se limitarían a la comercialización. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, también se habrían realizado subdivisiones que exceden los límites permitidos, desmontes de bosques nativos y construcciones sobre sectores considerados reservas arqueológicas.
“Gran parte de esas parcelas se encuentran en sectores donde no se puede construir porque están ubicadas en áreas destinadas a la protección de la flora y la fauna”, explicó un funcionario que participa de la investigación. “Se subdividieron terrenos superando los límites permitidos, se desmontaron bosques nativos e incluso se realizaron construcciones sobre importantes reservas arqueológicas. El daño es muy importante”, agregó.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, confirmó que el organismo continúa avanzando en la detección de estas maniobras. “Seguimos avanzando en la detección de estos casos porque están generando un enorme perjuicio al patrimonio público”, afirmó.
En paralelo, las autoridades advirtieron sobre la documentación utilizada. Según las presentaciones de varios compradores, el supuesto vendedor entregaba únicamente un boleto de compraventa como respaldo. Los especialistas recordaron que ese instrumento, aun certificado ante escribano, no acredita titularidad, por lo que recomendaron extremar precauciones antes de operar en esa zona.
