La investigación contra Diego Ovejero por una estafa de más de $740 millones vinculada al comercio de azúcar fue remitida a la Justicia Federal de Tucumán. El juez Guido Cattaneo declaró la incompetencia de la Justicia provincial al considerar que los hechos podrían configurar delitos más graves como intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria.
El fiscal Diego López Ávila impulsó la decisión tras seis meses de investigación, basándose en declaraciones de víctimas, documentación e informes de organismos públicos. Según el magistrado, se advierte un esquema sistemático de captación de fondos de terceros mediante promesas de rentabilidad fija, pagarés, cheques y reconocimientos de deuda, lo que constituye una operatoria de intermediación financiera no autorizada que afecta el orden económico nacional.
Ovejero habría utilizado las sociedades Food Trading Dos SAS, El Marqués SAS y Bellamar Estancias para canalizar los $740 millones aportados por nueve inversores. La utilización de distintas estructuras societarias y el manejo de fondos sin registración son indicios de lavado de activos y evasión tributaria, según la resolución.
El abogado de uno de los denunciantes, Ariel Lezcano, calificó la remisión al fuero federal como “un punto de inflexión” y afirmó que continuarán impulsando la investigación para determinar responsabilidades y lograr justicia para las víctimas.
Ahora la Justicia Federal deberá decidir si acepta la competencia total o parcial de la causa. Si la rechaza, el conflicto será resuelto por la Corte Suprema, lo que podría demorar meses o años. La investigación deberá profundizar el origen y destino de los fondos, el funcionamiento de las sociedades, los movimientos bancarios y la posible participación de otras personas.
