Un estudio de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) advierte que el crecimiento inmobiliario en la capital provincial superó ampliamente la capacidad de los servicios básicos. En el corredor de avenida Mate de Luna, la población potencial podría multiplicarse por 90 si se construyen todos los proyectos previstos, mientras las redes de agua y cloaca ya muestran saturación crítica. La SAT recomienda frenar nuevas construcciones hasta adecuar la infraestructura.
El diagnóstico, presentado en el debate por el nuevo Código de Planeamiento Urbano, clasificó el territorio en tres categorías según la capacidad de servicios. La zona “no apta” abarca tres cuadrantes céntricos: Cuadrante Norte (Italia, Marcos Paz, Suipacha, Camino del Perú), Cuadrante Centro (Mendoza, San Lorenzo, Suipacha-San Luis, Camino del Perú) y Cuadrante Micro-centro (Italia, Roca, Soldati-Brígido Terán, San Luis-Suipacha). Allí, la SAT detectó saturación de redes y falta de capacidad estructural, con impacto crítico.
Alrededor de esa área roja, se delimitó una “zona con restricciones” de 11 cuadrantes que rodean el centro por avenidas como Francisco de Aguirre, Italia, Marcos Paz y otras. En esas zonas, la aptitud es condicionada a mejoras previas o estudios complementarios. Solo un cuadrante fue declarado “zona apta”: el delimitado por avenida Francisco de Aguirre, Italia, Balcarce y Suipacha, aunque es uno de los menos atractivos para los desarrolladores.
El informe puso el foco en el corredor de avenida Mate de Luna, entre avenida Colón y Camino del Perú. Allí, la SAT comparó la situación actual —432 viviendas bajas, 2.160 habitantes— con un escenario de ocupación plena: 400 edificios de 150 departamentos cada uno, lo que implicaría 64.800 departamentos y 194.400 habitantes, 90 veces más que la población actual. En un escenario más moderado, con edificios de hasta cuatro pisos, la proyección arroja 11.200 departamentos, 33.600 habitantes y la necesidad de 15 pozos adicionales.
En el tramo entre avenida Colón y avenida Alem, se relevaron una decena de edificios en altura ya construidos o en construcción, con torres de más de 20 pisos. La SAT definió este proceso como “desarrollo inmobiliario acelerado”, donde los desarrolladores priorizan la construcción sin ajustar los servicios básicos ni la infraestructura vial.
Infraestructura de agua y cloacas al límite
El abastecimiento de agua del corredor Mate de Luna depende de los pozos Maternidad y UNT, que producen 70 metros cúbicos por hora cada uno (140 m³/h en total), frente a una demanda actual de 8,1 m³/h para 2.160 habitantes. Sin embargo, la posibilidad de nuevas perforaciones está limitada por la escasez de terrenos, la profundidad de los acuíferos (entre 320 y 440 metros) y la distancia recomendada de 500 metros entre pozos. La SAT advirtió que los pozos actuales no fueron diseñados para abastecer los nuevos edificios.
En cuanto al sistema cloacal, la planta de tratamiento San Felipe recibe líquidos de cuatro zonas (Sudoeste, Norte, Oeste y Casco Viejo) con colectores de 600 a 1.200 milímetros de diámetro. Su capacidad máxima es de 450.000 habitantes sobre 13 hectáreas, y se prevé una ampliación de 20 hectáreas. El plan contempla la renovación de 5.000 metros de cañería, la ampliación de las lagunas de la planta El Manantial y la refuncionalización de la planta San Felipe.
La SAT también identificó cuatro problemas recurrentes: lavaderos de vehículos clandestinos, uso de agua en piscinas en períodos de alta demanda, lavado de veredas con mangueras conectadas a la red potable y descarga de napas freáticas a la red cloacal mediante bombas. Para cada uno, propuso abordajes conjuntos con fiscalización, adecuación normativa y educación.
Inversión millonaria y recomendación de freno
La SAT cuantificó la inversión necesaria para adecuar la infraestructura sanitaria en la ciudad: una nueva red distribuidora de 400 mm de diámetro a lo largo de 3.000 metros sobre avenida Mate de Luna, más de 15 pozos nuevos por $500 millones, perforaciones por $7.500 millones y redes de agua por $3.000 millones, además de nuevos colectores cloacales. El total estimado asciende a $10.500 millones para obras de agua y $5.200 millones para obras cloacales.
Sobre esa base, la SAT recomendó que no se autorice la construcción de nuevos edificios hasta que las redes de agua y cloaca, a su cargo, y las pluviales, a cargo del municipio y la SAT, estén en condiciones en las zonas críticas.
