En medio del escándalo por la situación patrimonial de Manuel Adorni y su continuidad como jefe de Gabinete, la oposición reabrió en el Congreso el debate sobre la ley de Inocencia Fiscal, que entró en vigencia el 2 de enero pasado. Al menos otros 13 funcionarios también se acogieron a este régimen que permite regularizar ingresos sin necesidad de justificar su origen.
“Todas las leyes de este Gobierno tienen nombre y apellido y ésta tiene el de Adorni y otros más, como Sturzenegger, Espert y varios funcionarios”, sostuvo el diputado Carlos Castagneto durante una reunión de la comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Ante los legisladores expusieron especialistas en materia tributaria, que coincidieron en señalar que la norma funciona en los hechos como un blanqueo permanente y puede convertirse en una vía para el lavado de activos de origen ilegal, incluidos fondos provenientes de hechos de corrupción.
El presidente de la comisión, el diputado del peronismo pampeano Ariel Rauschenberger, convocó a reunión para tratar un proyecto del diputado socialista Esteban Paulón para que los funcionarios públicos y las personas políticamente expuestas sean excluidas del régimen. Rauschenberger recordó que la Inocencia Fiscal se votó en Diputados a las dos y media de la mañana sin debate, e interpretó que fue justamente para que no tuvieran difusión los alcances de esta ley.
Además, mencionó que días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, avisó que buscaría modificarla pero para ampliarla todavía más, preocupado porque no atrae los dólares del colchón como imaginó que haría. “Quiere hacerla todavía más generosa. Pero nosotros vamos a ir a la UIF, a la GAFI y a la Justicia para denunciar esta ley”, adelantó Paulón.
