El Gobierno nacional dispuso un recorte de 2,5 billones de pesos mediante la resolución administrativa 20/2026, de los cuales 970.000 millones impactan directamente en las provincias y municipios, entre cancelación de transferencias y suspensión de obras hídricas y de saneamiento.
La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se suma a la caída de la coparticipación y de las recaudaciones locales que ya vienen sufriendo los distritos.
El ajuste incluye la suspensión de obras como el Acueducto Vipos en Tucumán, el Sistema de Agua Potable de Concordia en Entre Ríos, la planta depuradora de Rafaela en Santa Fe y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut. Se trata de proyectos comprometidos con gobernadores aliados o afines al oficialismo.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas más cercanos a la Casa Rosada, había mostrado hace menos de un mes como un logro personal el avance del Acueducto Vipos. “Es un proyecto estratégico que brindará una solución definitiva al abastecimiento de agua potable para vecinos y vecinas de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán”, había expresado junto a Caputo. Menos de un mes después, el mismo Caputo firmó la suspensión de la obra.
Algo similar ocurre con el entrerriano Rogelio Frigerio, aliado electoral de La Libertad Avanza, que la semana pasada se reunió con Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli, y había anunciado “rutas, transporte y obras de agua y saneamiento para Entre Ríos”. Varias de esas obras quedaron alcanzadas por la suspensión. “La Planta Potabilizadora de Concordia, que está muy cerca de terminarse, conseguimos el compromiso de que se finalice en los próximos meses”, había celebrado Frigerio. Deberá seguir esperando.
El politólogo Nicolás Tereschuk señaló que el Gobierno habría distribuido el recorte de manera uniforme: 940.523.960 pesos por distrito, sin distinguir entre provincias grandes o pequeñas, ni entre obras urgentes o postergables.
Además de la obra pública, las transferencias corrientes a las administraciones provinciales se redujeron en 494.290 millones de pesos, mientras que otros 155.710 millones vinculados a servicios sociales también fueron eliminados. El fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud sufrió una poda de 25.000 millones de pesos.
