El sistema de transporte público de pasajeros atraviesa uno de los escenarios más críticos de los últimos años en distintas provincias argentinas, con aumentos de tarifas, reducción de servicios, salarios abonados en cuotas y advertencias sobre pérdida de empleos. La caída en la cantidad de pasajeros, el incremento sostenido de los costos operativos y la eliminación de subsidios nacionales dispuesta a fines de 2023 profundizaron el deterioro del sector.
En varias ciudades del país ya comenzaron a aplicarse nuevas subas en el valor de los boletos, mientras empresarios y trabajadores alertan sobre el agravamiento de la situación financiera.
En Santiago del Estero, los concejos deliberantes de la Capital y de La Banda aprobaron un incremento del 22% en la tarifa urbana, que pasará de $1.140 a $1.390. La última actualización se había aplicado en diciembre de 2025. Los ediles justificaron la medida por el aumento de costos operativos, la baja en la venta de boletos y el incumplimiento del envío de fondos compensatorios por parte del Gobierno nacional.
En Bahía Blanca también se avanzó con un esquema de incrementos escalonados. El Concejo Deliberante autorizó una primera suba del 19%, llevando el boleto plano de $1.545 a $1.838,50 por un período de 30 días, aunque ya están previstos nuevos ajustes para junio y julio. Cuando finalice el esquema progresivo, el aumento total rondará el 30%. La aprobación se definió por una ajustada votación de 11 votos contra 10 y estuvo atravesada por cuestionamientos políticos debido a la ausencia de concejales de La Libertad Avanza.
En Esquel, provincia de Chubut, la comisión de Transporte dio luz verde a otro incremento tarifario que elevará el boleto único de $1.200 a $1.600 hasta fines de junio y luego a $1.800 desde julio. La oposición cuestionó duramente la iniciativa al advertir “inconsistencias” en los cálculos presentados por la empresa Jacobsen y alertó sobre el impacto económico que tendrán las subas sobre las familias en medio del actual contexto de crisis.
El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, reconoció que el atraso tarifario terminó agravando la situación. “Pasados siete u ocho meses, el aumento va a impactar mucho más”, señaló, y sostuvo además que “la inflación ha impactado de una forma que no es lo que el Gobierno dice todos los días”.
En Jujuy, el Ejecutivo provincial autorizó una actualización del 3% en las tarifas del transporte de media distancia. Con el nuevo cuadro tarifario, el viaje desde la capital jujeña hasta La Quiaca pasó a costar $31.800, mientras que el trayecto a Humahuaca se elevó a $14.400. En esa provincia también surgieron denuncias vinculadas a despidos y reducción de servicios por parte de distintas empresas. La Cámara de Transporte local advirtió que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo.
“Lo que está pasando en la provincia es un reflejo de lo que ocurre en todo el país”, afirmó Guillermo Ruiz, presidente de la entidad empresaria.
Los problemas del sector también quedaron reflejados en los datos difundidos por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta). Según el informe, en el Área Metropolitana de Buenos Aires la cantidad de pasajeros cayó un 21% en el último año, mientras que la oferta de colectivos se redujo un 30% durante el primer cuatrimestre de 2026.
En el interior del país, el escenario se agravó aún más tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte impulsada por la administración de Javier Milei, una decisión que profundizó el desequilibrio financiero de las empresas y aceleró el deterioro del servicio en numerosas provincias.
