Los escándalos que sacuden al gobierno de Javier Milei comparten operadores, billeteras virtuales y un mismo patrón de presunta corrupción. Pagos en efectivo, transferencias sin respaldo, criptoactivos y financieras informales se entrelazan en una trama que acumula evidencias judiciales.
El 14 de febrero de 2025, a las 19:01, Milei publicó en su cuenta de X el enlace al token $LIBRA. En 22 segundos, 87 transacciones desde 74 billeteras movieron 13,5 millones de dólares. La Comisión Investigadora de Diputados concluyó que ese comportamiento es compatible con operaciones de insiders. El token llegó a valer 1,20 dólares y colapsó en menos de 40 minutos.
Manuel Adorni, hoy jefe de Gabinete, participó de reuniones clave con los promotores del proyecto. El informe parlamentario registró encuentros el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador y el 30 de enero de 2025 en Casa Rosada. Adorni negó ante los diputados la existencia de un contrato entre Milei y Hayden Davis, pero la pesquisa judicial encontró en el teléfono de Mauricio Novelli un documento que describe un presunto pago de cinco millones de dólares.
La causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni puso la lupa sobre la billetera virtual Lemon. La diputada Marcela Pagano denunció que el funcionario habría recibido hasta tres millones de dólares a través de esa plataforma. Lemon trasladó la custodia de sus activos a El Salvador en 2021, lo que dificulta la trazabilidad. El fiscal Gerardo Pollicita ordenó la reconstrucción financiera de Adorni y su esposa desde 2022.
A trece cuadras de la Casa Rosada, en la Torre Catalinas Plaza, funcionó un nodo de lavado de dinero vinculado a la ANDIS. La causa Coimagate tiene 19 personas procesadas y 35 nuevas indagatorias. El fiscal Franco Picardi identificó a Alan Pocovi como pieza central. Las conversaciones extraídas de los teléfonos mencionan un “3% para KM” en operaciones ilegales, en referencia a Karina Milei.
Las billeteras virtuales Sur Finanzas PSP (Neblockchain) y Waya aparecen en las transferencias. La primera pertenece a Maximiliano Vallejo, investigado por la UIF. La cadena de intermediarios es corta y rastreable: lo que se busca precisar es el origen del dinero.
