La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha ingresado en una fase crítica tras las recientes medidas dispuestas por los tribunales de Comodoro Py. La causa, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, sumó testimonios clave que complican el relato oficial sobre la adquisición y remodelación de sus propiedades.
El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si los movimientos de capital del matrimonio Adorni-Angeletti coinciden con sus ingresos declarados. La investigación se centra en dos frentes: un departamento en Caballito y una casa de fin de semana en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En ambos casos, el denominador común es la financiación por fuera del sistema bancario y el uso de efectivo.
Uno de los hitos recientes fue la declaración de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que vendió el inmueble de Caballito. Miano ratificó ante el fiscal Pollicita la existencia de un “acuerdo de palabra” por US$ 65.000 destinados a reformas, adicionales al valor de escritura. Este testimonio refuerza la hipótesis de una deuda paralela contraída por el jefe de Gabinete con particulares, en condiciones financieras inusualmente beneficiosas.
Lo que despierta mayores sospechas es la ausencia de intereses en los créditos otorgados por las vendedoras, Claudia Sbabo y Beatriz Viega. Según declararon los testigos, Adorni abonó una parte en mano y el saldo quedó financiado hasta finales de este año. La justificación de las jubiladas sobre la falta de otros compradores no ha logrado disipar las dudas judiciales sobre la verdadera naturaleza de este trato preferencial.
Sin secreto
En un giro determinante, el juez Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA. Esta medida se suma a una disposición previa que ya había habilitado el acceso a la información tributaria ante la ARCA (ex AFIP). El objetivo es cruzar los datos de las declaraciones juradas con la realidad patrimonial que exhibe el matrimonio en la provincia de Buenos Aires.
Esta apertura permite a los investigadores analizar plazos fijos, consumos con tarjetas de crédito, préstamos y posibles activos en billeteras virtuales. La Justicia busca detectar si existen omisiones o inconsistencias graves que sugieran que el nivel de vida y las inversiones inmobiliarias del funcionario no pueden ser sustentados por sus haberes públicos declarados.
La propiedad en Exaltación de la Cruz es el eje de este peritaje. Registrada a nombre de Angeletti, la vivienda fue objeto de millonarias remodelaciones que están bajo sospecha. Para los investigadores, el levantamiento del secreto fiscal es la herramienta para reconstruir el flujo de fondos que permitió pasar de un terreno de 400 metros cuadrados a una propiedad de lujo con quincho y pileta en menos de un año.
Más revelaciones
El escenario para Adorni se tornó aún más complejo con las declaraciones del contratista Matías Tabar, del grupo Alta Arquitectura. Tabar, quien ya había detallado obras en la casa de campo, proporcionó información sensible sobre trabajos en el departamento de Caballito. Según su testimonio, Adorni le pagó 14 millones de pesos en efectivo y “en negro” por tareas de carpintería y mobiliario de alta gama.
Tabar precisó que fue convocado para coordinar la fabricación de mesas de mármol, racks de TV, vajilleros y espejos, principalmente para el living y los dormitorios. Los pagos se habrían concretado entre enero y febrero de este año, siempre bajo la modalidad de billetes en mano y sin la emisión de la factura correspondiente. Esta irregularidad es uno de los puntos que el fiscal Pollicita sigue con mayor atención para probar el manejo de dinero no declarado.
En cuanto a la casa en el country Indio Cuá, el contratista detalló un despliegue de obra masiva entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Los trabajos incluyeron pisos, cocina, baños, el arreglo de la piscina y la construcción de un quincho. Por estas tareas, el jefe de Gabinete habría desembolsado US$ 55.000 en una primera etapa y otros US$ 190.000 durante 2025.
Además, Tabar reveló que, mientras la casa estaba en obra, el funcionario alquiló otra propiedad dentro del mismo barrio privado. El costo de ese alquiler temporal habría ascendido a US$ 13.000, una cifra que se suma al gasto total de la operación inmobiliaria que investiga la justicia federal.
Para corroborar estos dichos, el juez Lijo ordenó el peritaje del teléfono celular de Tabar. Los peritos buscarán en las aplicaciones de mensajería las conversaciones mantenidas con Adorni y Angeletti, así como los contactos con plomeros, electricistas y albañiles. Se intenta verificar si las fechas y los montos mencionados coinciden con la evidencia digital de la coordinación de los trabajos.
La defensa del jefe de Gabinete insiste en que todo el patrimonio se encuentra debidamente justificado y que los préstamos de las jubiladas responden a una oportunidad de mercado. Sin embargo, la acumulación de pagos en efectivo y la falta de documentación respaldatoria en las obras de remodelación debilitan la posición del vocero devenido en ministro.
